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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó ayer a la Cámara de Diputados el informe de la Cuenta Pública 2013 —primer año de la administración de Enrique Peña Nieto— en el que se constatan inconsistencias o posibles irregularidades por 56 mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado cinco mil 900 millones.

Se detectó que el mayor monto de recursos por reintegrar del gobierno federal se centra en el gasto social, sobre todo en salud (5 mil 800 millones de pesos), y en dependencias como el IMSS, ISSSTE e Inmujeres (4 mil millones), además de Desarrollo Social (mil 800 millones), entre otras.

En los estados, las observaciones están en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) (11 mil 400 millones), Seguro Popular (5 mil 400 millones), y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (3 mil 200 millones), además de servicios de salud (2 mil 800 millones).

De los más de 50 mil 721 millones de pesos cuestionados por los auditores, 22.4% corresponden a las irregularidades detectadas en el pago de la nómina magisterial y que fueron marcadas como “probables recuperaciones”.

El informe destaca que las irregularidades detectadas, que se podrían solventar en los próximos 30 días hábiles, derivan de 14 auditorías forenses —en las que se presume algún delito en contra del erario— en Sagarpa (1), SEP (1), instituciones de educación superior (8), Sedatu (1) y Sedesol (3).

De acuerdo con la ASF, es posible que se puedan presentar entre 100 y 150 denuncias penales o de hechos por todas las irregularidades detectadas. 

En las mil 413 revisiones individuales que se hicieron a 290 instituciones del gobierno federal, estados y organismos descentralizados se emitieron 10 mil 861 acciones, de las cuales seis mil 902 son recomendaciones, 783 solicitudes de aclaración, 57 promociones para comprobación fiscal; mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.

Al entregar el informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor Juan Manuel Portal dijo que si se habla “nada más del gasto federalizado, la suma originalmente señalada, observada durante la revisión andaba por 90 mil millones de pesos, antes de que termináramos las revisiones completas bajó como a 70 mil, quizá en el informe queden ya como 50 mil, y dentro de esto ya hay una recuperación, como decía yo, de cinco mil y tantos millones de pesos”.

Según el documento presentado ayer, desde 2001 hasta 2012 se han logrado recuperar más de 88 mil 851 millones de pesos y Portal relató que en promedio se recuperan el 22% de las observaciones, y que equivale a 12 mil 435 millones de pesos. 

Sin embargo, a diferencia de la Cuenta Pública 2012, último año de Calderón, donde anunciaron 134 denuncias, Portal dijo que hasta que se tengan suficientemente integrados los expedientes puede derivar en denuncias.

Crisis institucional. Admitió que hay “crisis de confianza” en las instituciones y sectores de la sociedad han asumido una actitud de escepticismo y reserva respecto a la actuación del Estado, llegando en algunos casos a asumir tintes de disenso y confrontación. 

Ante ello, los órganos del Estado tienen la obligación de sustraerse a la dinámica de confrontación política y dar elementos de certidumbre y objetividad, más allá de cualquier interés de grupo o preferencia personal.

Este año, la Auditoría presentó en su informe tres tipos de riesgo como los “estratégicos” que son los que pueden tener un impacto en la totalidad de la gestión de los entes públicos y muestran debilidades estructurales del Estado. El segundo, es el vinculado con la falta de rendición de cuentas y transparencia y, por último, los de “operación” que limitan la oportunidad o el alcance de los resultados obtenidos. 

El órgano de fiscalización evidenció que la mayoría de las entidades públicas del Estado no cuentan con un diagnóstico sobre el entorno de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de metas y objetivos. En este contexto es indispensable contar con sistemas de control interno adecuados a las especificidades de cada caso.

Además, hay una elevada dependencia de los gobiernos locales respecto de las transferencias federales que propicia la ausencia de alicientes para obtener resultados positivos y sancionar las irregularidades.

“La fiscalización, la transparencia y la sanción administrativa y penal, implementadas a nivel estatal, son herramientas que aún no han logrado incidir en la gestión de los gobiernos locales”, detalló el titular de la ASF.

Criticó ausencia de datos sistematizados y confiables de los beneficiarios de programas sociales porque debilita su impacto, de un subsidio o un apoyo, que se traduce en un costo para la comunidad, al generarse la percepción de que los programas no son operados atendiendo equidad y eficacia.

Urgen reforma. El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo que los mil 300 expedientes de promoción de responsabilidad administrativa confirman la urgencia de que se apruebe la próxima semana el Sistema Anticorrupción.

Alfa González (PRD) pidió investigar y castiguen casos de corrupción y dijo que en el tema de conflicto de interés debería tener incidencia la ASF.