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En medio del incremento de actos delictivos contra el personal e instalaciones de Petróleos Mexicanos, en especial de su filial Pemex Exploración y Producción (PEP), la Auditoría Superior de la Federación encontró que ésta manejó de manera discrecional 660 millones de pesos para fortalecer la seguridad física de sus instalaciones.

A pesar de ello, el proyecto de Seguridad Física de PEP fue deficitario con respecto al propósito de mantener resguardadas las instalaciones terrestres (gasoductos, baterías de separación, tanques de almacenamiento y edificios, entre otros) y marinas (plataformas de producción y perforación) mediante monitoreo y vigilancia, explica la ASF.

PEP, añade el órgano fiscalizador, “no cuenta con indicadores de seguridad física para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas que permitan conocer los resultados y beneficios de la aplicación de los recursos, y carece de sistemas para la salvaguarda y confidencialidad de la información”.

La auditoría practicada a la empresa productiva subsidiaria de Pemex reveló que se realizó una verificación física a los bienes de resguardo en la Terminal Marítima Dos Bocas, en específico de un sistema de seguridad adquirido el 31 de julio de 2012, y de seis bienes adquiridos en 2009, con un costo de 2.9 y 59.6 millones de dólares, según los contratos números 420122003 y 420129010.

Por esos bienes se pagaron 196.4 y 29.6 millones de pesos por concepto de mantenimiento, pero hasta la fecha de cierre de la investigación (julio 2014), “no tuvieron uso ni se encontraban en operación, por lo que no se han reforzado las medidas de seguridad física en las instalaciones que indica el Proyecto de Seguridad Física de PEP”.

El sistema de seguridad y los seis bienes no cuentan con la identificación del número de inventario, por lo que la carencia de elementos de identificación y control de bienes no permite garantizar su resguardo y uso acorde con sus especificaciones.

Al respecto, PEP remitió oficios mediante los cuales solicitó a la Semar personal para operar los seis bienes, pero en respuesta dicha Secretaría informó que “no cuenta con personal disponible para recibir la capacitación de los bienes”.

Por si eso fuera poco, PEP y Sedena formalizaron un convenio para la entrega de bienes (armamento) adquiridos entre 2009 y 2012, pero, de acuerdo con las actas de recepción de esos mil 438 bienes adquiridos por Pemex, su entrega se formalizó en 2014, por lo que “se concluye que estos bienes no estuvieron en uso por lo menos en el ejercicio 2013”.

La recepción tardía de bienes no permite el cumplimiento del Programa de Seguridad Física de PEP, al incidir en su oportuna operación, por lo que “incumplen con los objetivos para los cuales fueron adquiridos, como fortalecer los sistemas de vigilancia de las instalaciones”, concluye la ASF.

En su evaluación financiera, la ASF argumenta que a pesar de que en el flujo de efectivo de la Cuenta Pública 2013, el Proyecto de Seguridad Física de PEP reportó el ejercicio de 659 millones 975 mil pesos, en el documento Evaluación parcial y definitiva de los resultados se determinaron diferencias por más de 8.8 millones de pesos, sin que la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SASIPA) haya podido identificar el origen de las discrepancias, al carecer de mecanismos de verificación periódica que permitan conciliarlas.

Esos recursos fueron empleados para formalizar dos contratos en 2013, adjudicados en forma directa por 28 millones 375.4 pesos y 10 contratos más comprometidos entre 2009 y 2012 por los restantes 631.6 millones de pesos. Los dos primeros contratos corresponden a servicios para fines militares y de seguridad nacional.

La crítica de la ASF en este caso radica en que, si bien el proyecto de seguridad fue autorizado por las autoridades hacendarias, este proyecto “no se vincula con políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en su meta nacional —México en Paz—”.