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Washington.— Con un minuto de silencio y los ecos de protestas a las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de México compareció ayer ante una audiencia para formalizar su petición de asistencia a esta organización, así como para ofrecer transparencia y certidumbre a las investigaciones que se mantienen en curso para esclarecer responsabilidades, castigar a los responsables y resarcir a las víctimas por los crímenes perpetrados en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México, y de Iguala, en Guerrero.

“Nos presentamos hoy a rendir cuentas y a reiterar la voluntad del Estado mexicano para proseguir con una investigación imparcial y erradicar hechos de esta naturaleza”, aseguró Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La audiencia, en la sede de la CIDH, se convirtió en un acto de reclamo y de reconocimiento por la gravedad de lo ocurrido en Tlatlaya e Iguala, con un grupo de funcionarios del gobierno de México acatando el minuto de silencio que demandaron los miembros peticionarios de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos en México. “Ha pasado más de un mes y siguen sin aparecer los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, reclamaron.

“El gobierno de México no pretende minimizar la gravedad de lo ocurrido”, enfatizó a su vez Limón, al asegurar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “no descansará hasta aclarar los hechos”.

La yuxtaposición de imágenes —con los peticionarios acusando al Estado por su responsabilidad en los hechos y los representantes del gobierno de México con el gesto contrito—, marcaron ayer ese abismo que sigue separando a la sociedad civil y al Estado que no ofrece una respuesta satisfactoria ante los reclamos de que las cosas no han cambiado desde el sexenio pasado.

“Hechos de extraordinaria gravedad [como los de Tlatlaya, Estado de México, e Iguala, Guerrero] conectan lo que ocurre hoy con lo que ocurría en el sexenio anterior”, aseguró el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, al señalar que en México se sigue viviendo una crisis en materia de derechos humanos.

En medio de un ambiente de expectación, Lía Limón inauguró ayer la audiencia solicitada a petición del gobierno de México para enfatizar que, tras lo ocurrido en Tlatlaya e Iguala el gobierno mexicano asume “con toda responsabilidad el derecho a la verdad y a la justicia”, tras unos incidentes que han conseguido empañar la imagen de México, una nación embarcada en un proceso de reformas democráticas y modernizadoras.

En esta primera audiencia, el grupo de peticionarios denunciaron que “el país atraviesa por una crisis en materia de derechos humanos y la misma no ha sido atendida por el gobierno mexicano, a pesar de que día a día aumenta la violación a los derechos humanos”.

Aseguraron que tras el sexenio de Felipe Calderón, cuando fueron ejecutadas 100 mil personas, el gobierno mexicano sigue sin atender esta crisis a pesar de que prosiguen los casos de ejecuciones por parte del Ejército o las fuerzas del orden, como ocurrió en Tlatlaya o en Iguala.

Ante este señalamiento, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó tajantemente que en México haya “una política de Estado de violación de los derechos humanos”.

Anunció que ayer por la noche se reunirían con el grupo de peticionarios por la tragedia ocurrida en Iguala para concertar una serie de medidas para responder a los reclamos de las víctimas y esclarecer responsabilidades.

En este sentido, Álvarez Icaza adelantó que, tanto el Estado mexicano como los peticionarios avanzan sobre un esquema de cooperación que la CIDH tendrá la oportunidad de acompañar.

Como una de las propuestas, que surgió por parte de los peticionarios, está la posibilidad de crear una comisión que pueda acompañar, junto con una oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un programa de asistencia técnica relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas.

“El fenómeno de las desapariciones forzadas en México es un fenómeno que ha llegado a miles. No es un fenómeno nuevo”, aseguró Álvarez Icaza en el contexto de los 43 estudiantes que siguen sin aparecer y a quienes se vio por última vez la noche del pasado 26 de septiembre, cuando fueron secuestrados por elementos de la policía de Iguala para entregarlos posteriormente a sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos.

Pasan revista a más asuntos. La audiencia realizada ayer se enmarca dentro del 153 periodo de audiencias públicas organizado por la CIDH para pasar revista a muchos de los casos que siguen sin esclarecerse o en los que se han producido avances sustanciales.

En este sentido, Maureen Meyer, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), consideró tras esta primera audiencia que si bien es importante que se haga justicia por las tragedias en Tlatlaya e Iguala, lo deseable es que esta intención de rendir cuentas y procurar justicia se extienda a otros muchos casos que siguen sin resolverse. 

jram