México ha comparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a rendir cuentas respecto de la expedición del Programa Nacional de Derechos Humanos. Tengo entendido que esa fue la razón por la que el propio gobierno quiso comparecer ante la comisión. Digamos que iba a la comisión a presumir su buen programa de derechos humanos, como indudablemente lo es.

Sin embargo, las circunstancias que rodean la actual agudización de la crisis humanitaria derivada de las horrendas atrocidades que se han dado a conocer, como Tlatlaya y los normalistas desaparecidos, hicieron que el tono de los mismos discursos pronunciados por quienes encabezaron la delegación mexicana cambiaran de rumbo, y se hiciera referencia a los hechos que tanto han dañado la imagen de México a nivel internacional. Pero este daño de imagen no consiste en una distorsión de la misma, sino que la imagen es un fiel reflejo de la realidad; incluso a un nivel menor que el que en realidad prevalece en México. Los desaparecidos de Ayotzinapa y los ejecutados en Tlatlaya son terribles tragedias, pero como ellas, la historia reciente de México ha producido muchas más que, no por menos trágicas, no han llegado a oídos de la comunidad internacional. El Estado mexicano fue a resaltar los elementos benéficos del programa Nacional de Derechos Humanos. Pero, ¿en qué medida se ha cumplido ese programa?

De memoria, menciono dos compromisos aún no cumplidos, cuando el programa lleva publicado seis meses. El primero de ellos, es el establecimiento de un mecanismo independiente de seguimiento al propio programa. Entiendo que la respuesta que da el gobierno a la comisión es que se están haciendo las consultas para su establecimiento, pero el programa lleva seis meses en vigor y nadie independiente que verifique si las líneas de acción se están llevando a la práctica. También el programa promete promover el reconocimiento de la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Yo, francamente, no percibo promoción alguna que nos permita vislumbrar que dicho reconocimiento estaba en las intenciones del gobierno. Tengo entendido que lo que el gobierno contesta cuando se le pregunta al respecto, es que lo están estudiando, lo que no es lo mismo que promoviendo. ¿Quién no quiere que ese reconocimiento se formule? Ese reconocimiento no tiene efectos retroactivos, es decir, el comité no puede conocer de casos que no se inician después del reconocimiento de la competencia. ¿No podría conocer de casos de la Guerra Sucia, o del sexenio de Zedillo o de Calderón. Solamente podría conocer de las desapariciones que se iniciaran después de reconocida la competencia? ¿Por qué no quieren reconocer esa competencia? ¿Acaso saben que las fuerzas del Estado seguirán cometiendo esta atroz violación a múltiples derechos humanos? Una buena señal, en cambio, sería que se hiciera la declaratoria de reconocimiento de competencia de este comité, pues implicaría, sin palabras, decir que México está convencido y comprometido a erradicar de nuestra realidad y hacia el futuro está horripilante conducta criminal.

Espero que la comparecencia de nuestro país ante la Comisión Interamericana, redunde en la influencia que este organismo tenga sobre las futuras acciones del gobierno y las políticas públicas en favor de las víctimas. Ojalá que la comisión recomiende el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional, pues los aparatos procuradores de justicia y de administración de justicia no pueden enfrentar la magnitud de la tragedia.

Miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU
@CORCUERAS