Iguala de Independencia

El silencio de las autoridades los ha acompañado durante años. La lucha de familias como la de Mayra Vergara —quien desde hace dos años y medio busca a su hermano Tomás, secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, al norte de Guerrero— tomó fuerza y salió a la luz con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mayra es delgada y de fuertes convicciones, dice que ella y su familia se encerraron más de dos años debido al miedo, “hasta que vi lo de los muchachos. Vine un día después (a Iguala) y vi a la prensa internacional, y les dije: ‘¡Si supieran que no son sólo 43!, ¡si supieran que hay tantas madres llorando!’”.

Alrededor de 200 representantes de familias con desaparecidos se organizan y recorren Guerrero en busca de sus seres queridos. Están decididos a “excavar en todo el estado, que se ha convertido en un cementerio sin nombres”.

En la región norte, según la Fiscalía General del Estado, se ha encontrado el mayor número de fosas. Tan sólo este año han hallado más de 50 partes de cuerpos en estado de putrefacción, ropa con sangre, cabellos y huesos.

Los Vergara Hernández aún no saben porqué su Tomás fue elegido. Salió a trabajar, manejaba un taxi en Huitzuco —un lugar desde hace años peligroso por las actividades de la delincuencia organizada— y no regresó, era el cumpleaños de su hermana, recuerda Mayra.

Cuando festejaban en familia, una llamada les quitó el aliento y desde entonces viven incompletos. Su dolor quedó asentado en el folio 496/12, de la Procuraduría General de la República (PGR), y en la denuncia: CNDH/1/2013/6445/Q, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero en ninguna de las instancias confían. “Hemos llamado a la PGR y nos dicen que qué novedades les contamos… ¡Es una burla!”.

Los secuestrados pidieron 300 mil pesos para liberar a Tomás, en ese entonces de 38 años, casado y con dos hijas, ahora adolescentes. La familia Vergara no tuvo para pagar ese rescate.

Expresan su indignación

Mayra se unió a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a otros familiares de desaparecidos. Reclama que no fue hasta después que se organizaron que la PGR acudió a Iguala a tomarles muestras de ADN, para confrontar los resultados con los restos óseos que ellos mismos descubrieron entre el sábado y domingo en Cerro Gordo, al poniente de Iguala.

“Estoy indignada, porque desde hace un mes encontraron fosas y allí siguen sin acordonamiento, sin nada, como si esos restos fueran de perros. Me pregunto: ¿Dónde están los derechos humanos de esa gente?, ¡Nadie sabe de eso, sólo cuando eres madre, hermano, hijo de un desaparecido, puedes comprender!”.

Igual que Mayra, Modesto Villalba Marcial vino a la iglesia de San Gerardo Mayela, cuyo templo de Iguala fue prestado para que familiares de desaparecidos se realizaran las pruebas de ADN.

Con su sombrero vaquero y una camisa colorida, Modesto, de 59 años, llegó a la iglesia, proveniente de Teloloapan, municipio contiguo a Iguala, porque vio en la tele que se hacían pruebas de ADN. Pidió prestados 250 pesos, porque su alimento lo obtiene del maíz que siembra.

Desde el 24 de marzo de 2013, Modesto busca a su hijo menor, Madiel, que desapareció cuando tenía 20 años.

Su hijo era campesino, quería ser militar, pero a Modesto sólo le alcanzó para darle la primaria. Su situación de pobreza es tal, cuenta, que su casa está “jineteada con puras varitas”. Madiel no era un delincuente ni una mala persona, pero no descarta que se lo hayan llevado “los malos”, pues reclutaban gente para hacer “fechorías”.

Él no sabe qué fue de su hijo, un muchacho fuerte, con las pestañas y los ojos grandes. Sólo sabe que se salió a trabajar en una combi. Se fue un día como chofer y desde esa fecha tiene a su familia sumida en la más profunda tristeza.

El dolor de esas familias, que fueron a hacerse exámenes, cuyos resultados procesará la PGR, toca también a los Tapia Tapia. Vinieron desde Chiautla, Puebla, que colinda con Morelos, Estado de México y Guerrero, lugares que para los maestros jubilados, Leonor Tapia y Antonio Tapia, son controlados por el crimen. Su hijo Marco iba con otros colegas sobre la carretera a Huehuetlán, donde trabajaba, cuando cinco sujetos armados lo bajaron de su vehículo y lo secuestraron; les pidieron 3 millones de pesos, que no consiguieron; desde entonces lo añoran.

“Cada que veo reportajes de los 43 desaparecidos me pongo a llorar, porque ese dolor inmenso, sólo uno lo conoce”, dice Leonor. Los maestros no tienen muchas esperanzas de que Marco esté con vida, pues el 14 de marzo de 2013 se cumplen dos años de no saber de él.

Buscan una posibilidad

Los Tapia Tapia vinieron a Iguala para realizarse las pruebas de ADN y para que la PGR también comience a buscar a Marco en las fosas clandestinas o en la fosa común, donde se queman cientos de cadáveres sin identificar.

El GPS del teléfono de Marco los ubicó hasta Iguala, donde el 26 de septiembre fueron asesinadas seis personas, entre ellas, tres normalistas de Ayotzinapa, por policías municipales de Cocula y de ese ayuntamiento. Con mucho miedo, con poco dinero y con la esperanza de saber dónde está Marco, caminan junto a las otras familias que quieren ver aunque sea “un hueso” de sus parientes.

Leonor le envía un mensaje a su hijo: “¡Mientras no te entierre, te seguiré buscando, hijo mío!”, la antecede Mayra Vergar, quien comenta que el vacío de no tener a su hermano está matando a su mamá de dolor, pero tampoco descansará: “Hasta no tener una pierna, un brazo de mi hermano y poderle llorar en paz”.

Mayra encaró el martes a Joaquín Torres, director de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la PGR, y le pidió que se dejaran de burlas. El funcionario acudió con un equipo de agentes para buscar en las fosas clandestinas que encontraron los familiares e integró una averiguación previa.