Iguala.— La desesperación e indolencia de las autoridades, acusan, ha llevado a los familiares de desaparecidos en Guerrero a sacar picos y palas para buscarlos, además de realizar sus propias investigaciones.

Javier Monroy, integrante del Comité de Familias y Amigos Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, señala que la mayor responsabilidad de desapariciones forzadas la tiene el Estado, porque no ha dado a los familiares las garantías para recibir asistencia del gobierno en la búsqueda.

Desde 2005 el Comité realizó un monitoreo de casos que aparecen en periódicos estatales. Según este registro, hasta marzo de 2013 había contabilizado 416 víctimas de violencia y 320, estima, podrían ser de desaparición.

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que colabora con los familiares, estima que en la Costa Chica, centro y norte del estado hay unos 500 desaparecidos. Monroy Hernández advierte que “debe haber muchos más casos que no se encuentran registrados”.

Reclama que en 2011, el ex procurador Alberto López creó la Fiscalía para la Atención a Personas Desaparecidas, pero nunca operó; cuando fue relevado por Martha Garzón, ella la cerró pues “no tenía casos qué perseguir”.

El comité ha exigido al gobierno estatal un plan de búsqueda que incluya la creación de un fondo de apoyo a las familias y un banco de ADN para evitar “el viacrucis que han vivido”.

El estado de Guerrero tiene una ley de desaparición forzada, pero —advierte— es ajena al problema que plantean las organizaciones, porque únicamente revisa los casos a nivel administrativo. El 9 de enero del año 2013 el gobierno federal publicó la Ley General de Víctimas.

El activista dice que Guerrero es uno de los seis estados que no ha homologado su legislación, en la que se debe reconocer a las víctimas su derecho a recibir asistencia y atención.