La Procuraduría General de la República (PGR) presentó como una prueba central para consignar a los 11 detenidos durante las marchas del Zócalo el pasado 20 de noviembre, los testimonios de los policías que los arrestaron, y los acusó de formar parte de un "grupo subversivo" con base en las consignas que los jóvenes gritaban durante la marcha y porque entre ellos se decían "compa y compañeros".

Por tal motivo, las organizaciones no gubernamentales que representan legalmente a los 11 detenidos consideraron "escasa y endeble" la evidencia presentada por el Ministerio Público Federal para consignar a los jóvenes.

Luego de revisar de manera parcial el expediente, ya que no se les otorgó copia certificada, se detectó que hasta el momento de la consignación las lesiones del policía agredido no fueron certificadas.

En ninguno de los detenidos se encontraron rastros de explosivo o detonación alguna y no existen rastros de los petardos, piedras y palos utilizados, pues al intentar recuperar esta evidencia la plancha del Zócalo ya había sido limpiada.

La presunción anterior se basa en que, de acuerdo con el Ministerio Público, dichas personas gritaban consignas tales como "muera Peña", "muera el PRI" y "mueran las instituciones".

Adicionalmente los policías afirman haber escuchado que la persona que jaló al policía gritó "vamos a matar a ese pinche perro".

La tentativa de homicidio -razona la autoridad- también se configura dado que toda persona sabe que un mal golpe en la cabeza puede causar la muerte.

En el expediente, la autoridad concluye que estas personas estaban organizadas en una asociación delictuosa y ello lo afirma con base en tres elementos de prueba: un informe rendido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) adscrito a la PGR sobre la existencia de grupos anarquistas en México, aunque dicho informe no vincula de manera alguna a los detenidos con dichos grupos.

También se basa en un informe emitido por la División de Inteligencia de la Policía Federal sobre investigaciones realizadas a una persona presuntamente responsable de acciones anárquicas y violentas, quien tampoco se vincula de manera alguna con los detenidos.

Finalmente considera como evidencia de la asociación delictuosa el hecho de que las personas detenidas, al hablar entre sí, se decían "compa y compañeros".

"La preocupación en relación con la pobreza y escasez de evidencia utilizada para privar de la libertad a estas once personas aumenta a la luz del contexto en el cual se desarrollan las detenciones. Múltiples testimonios refieren a acciones generalizadas de detención arbitraria la noche del 20 de Noviembre.

"En este contexto, genera particular preocupación que los detenidos fueron negados del libre acceso a una defensa en las primeras y vitales horas de su detención. No ha sido sino hasta después de haber sido consignados y trasladados a un penal de máxima seguridad en los Estados de Veracruz y Nayarit que las once personas detenidas han podido libremente ejercer su derecho a una debida defensa", afirma el comunicado del IMDHD.