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Los defensores de los 11 detenidos tras los disturbios del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino, acusaron que la Procuraduría General de la República (PGR) envió a sus clientes a prisión sin evidencias; las detenciones se dieron de forma arbitraria, ellos fueron presuntamente víctimas de tortura y tratos crueles e inhumanos, entre otras irregularidades, por lo que exigieron una investigación de los hechos.

EL UNIVERSAL confirmó además que en los testimonios rendidos por los estudiantes a visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que indaga lo ocurrido, las 11 personas recluidas en los penales federales femenil número 4 de Tepic, Nayarit, y el número 5 de Villa Aldama, Veracruz, aseguraron que sus detenciones fueron arbitrarias.

Coincidieron en que los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal los golpearon al momento de su detención, y que posteriormente fueron entregados a la Policía Federal en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

Los detenidos aseguran que hubo violencia por parte de la policía capitalina. Tal es el caso, por ejemplo, de Hillary Anahí González, quien cayó al momento en que comenzó la persecución de los uniformados y éstos la patearon para posteriormente detenerla.

Los inculpados contarán hasta el próximo sábado 29 de noviembre para aportar pruebas de descargo, ya que el juez 17 de distrito en Veracruz, resolverá a más tardar ese día si dicta auto de formal prisión o libertad por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.

MP dice tener evidencias. De acuerdo con fuentes ministeriales, la PGR cuenta con las pruebas necesarias para respaldar la acusación que les imputa.

Videos y testimonios de policías que resultaron lesionados, son las pruebas con las que cuenta la PGR para sostener su acusación y consignarlos luego de los actos violentos, indicaron las autoridades consultadas. Aunque oficialmente la dependencia mantuvo hermetismo, a pesar de que se le consultó.

Sin embargo, para los familiares y defensa de los ocho hombres que se encuentran ya en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz; y las tres mujeres que fueron enviadas al penal federal de Tepic, Nayarit, no hay pruebas que sirvan al juez para que sigan un proceso penal.

Maltrato. Sostuvieron que durante su traslado del Zócalo capitalino a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), los detenidos fueron torturados.

“Tenemos videos tomados por civiles que estaban en la manifestación del 20 de noviembre en donde se ve cómo la policía agarró a gente que no estaba causando desmanes y por el simple hecho de estar ahí, en una manifestación pacífica, fue detenida”, puntualizó un familiar.

Entre esos videos que utilizará la defensa para comprobar su inocencia, aparece el señor Luis Carlos Pichardo, de 55 años de edad, en el que se observa que porta una cartulina manifestándose por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, comentó Luis Carlos hijo.

“Fueron detenciones arbitrarias, mi padre fue a protestar como muchos ciudadanos y resulta que ahora lo culpan de algo que no cometió. Mi padre no es delincuente”, enfatizó.

Ayer se les tomó la declaración preparatoria y se les notificó que no alcanzan su libertad bajo fianza.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Oficina de Defensora de los Derechos de la Infancia (ODI), quienes asumieron parte de la defensa, reiteraron que los detenidos presentan “signos de violencia física, por lo que pidieron que se aplique el Protocolo de Estambul, el instrumento que permite detectar a víctimas de tortura; además de que se les negó el derecho a la adecuada defensa.