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La dirigencia nacional del PRD emitió ayer un “manifiesto a la nación” de diez puntos, entre los que demandó la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, designada por el Congreso de la Unión y responsable de dar con el paradero de miles de desaparecidos durante este y el sexenio anterior.

Este grupo se integraría con ciudadanos, “hombres y mujeres, investidos de honorabilidad y prestigio social y cuyo trabajo se lleve a cabo con total independencia del gobierno” para que pueda esclarecer “a quiénes corresponden los cuerpos que se han encontrado en las múltiples fosas clandestinas en diversas partes del país”.

El decálogo propuesto pretende enfrentar la crisis de la nación y contrarrestar la tentación de “la regresión autoritaria sobre la cual hay cada vez más voces que desde el poder la impulsan”.

El documento fue aprobado por mayoría del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y con cuatro votos en contra del ex candidato a la dirigencia Carlos Sotelo, del líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano, y dos integrantes más de esa expresión.

Según el líder del PRD, Carlos Navarrete, los puntos de su decálogo no han sido negociados con el gobierno ni con otros partidos y descartó que su partido haya sido llamado por la Presidencia para acordar los términos de un paquete de propuestas similares.

Medidas emergentes. En su documento, el PRD expone 10 propuestas legislativas o de gobierno en materia de seguridad pública, combate a la corrupción y hasta aumento salarial, por lo que se remitirá a los Poderes de la Unión, a los partidos políticos nacionales, a las organizaciones sociales y empresariales.

Además de la comisión para la verdad se propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cree una visitaduría especial para que investigue, con coadyuvancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), lo ocurrido en el caso de Iguala-Cocula, presente un informe a la sociedad y señale las responsabilidades en los ámbitos municipal, estatal y federal.

La demanda del PRD incluye que el gobierno federal garantice la integridad de las familias de los 43 normalistas desaparecidos y de defensores civiles de derechos humanos, además de que en Iguala y Cocula, “y en toda la región que comprenden las entidades de Guerrero, Estado de México y Michoacán”, el gobierno realice una acción inmediata y extraordinaria contra bandas del crimen organizado.

Otras propuestas son crear un tribunal superior de cuentas, como el que planteó el PAN; aumento salarial “de por lo menos 20% para 2015”, y que no haya impunidad en irregularidades en el gobierno.