Diputados del Grupo de Trabajo para Coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, se reunieron con Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien calificó este caso como paradigmático.

En un comunicado, Hernández Valencia opinó que el caso de 22 civiles ejecutados por militares es paradigmático, pues además de que permite identificar a los actores que intervinieron, también arroja luz sobre las fallas presentes en varias instituciones del Estado.

"Hablar de Tlatlaya es obviamente importante, pero sólo tiene sentido si lo hacemos en un contexto más amplio, en el que todos estemos comprometidos a hacer realidad la reforma constitucional de derechos humanos y producir las reformas institucionales en el seno de las propias corporaciones que todavía nos hacen falta", afirmó. 

"Lo que nos toca ahora es abordar y actuar en el espacio de la implementación de las medidas correctivas de la sanción a los responsables, pero, sobre todo, de la corrección de los elementos, herramientas, detonantes que hacen que ocurran hechos como este".

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acotó que no se ha hablado,de eliminar el fuero militar, pero "hay tareas y especializaciones propias y exclusivas de la prestación del servicio militar que, si no se cumplen en el mundo civil, no son un delito pero que deben ser corregidas en aras de mantener la disciplina y eficacia de las instituciones militares".

En tanto, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del PT, acusó que decidieron recurrir a la oficina de la ONU, pues las dependencias gubernamentales se han negado a hablar del evento.

La legisladora informó que se prevé contactar a los familiares de las víctimas, con el propósito de coadyuvar en la indagación de los delitos cometidos en Tlatlaya.

La conclusión del encuentro, dijo, es que de haberse atendido informes previos de los relatores especiales de Naciones Unidas, de ejecuciones sumarias o arbitrarias, y también de relatores especiales de desapariciones forzadas, se hubiera podido evitar el acontecimiento, sin embargo el Estado mexicano ha sido omiso a las observaciones. 

"Lo que aqueja a México, desgraciadamente, es una enorme corrupción, que deja en la impunidad a muchísimos de los que cometen delitos, porque están vinculados a equis intereses. Si realmente la justicia fuera ciega, tendríamos a estos criminales tras las rejas y no se hubiera cometido el delito que se consumó en Tlatlaya", aseguró.

En su oportunidad la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD, comentó que este encuentro deriva del plan de trabajo que se generó para coadyuvar en la investigación y del compromiso con la oficina del Alto Comisionado de que habrá colaboración.

"Cualquier caso donde el Ejército ha tenido acciones que han significado violación de los derechos humanos de personas, debe preocuparnos. Este es el más reciente, el que ha dado lugar a la conformación de esta comisión, pero hay otros, lo cual nos obliga a pensar en que debemos tener mecanismos para una rendición de cuentas de parte de la actuación de las Fuerzas Armadas", afirmó.

A la reunión asistieron los diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI) y Ernesto Núñez Aguilar (PVEM). También, Alan García Campos y María Luisa Bascur, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.