El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró que la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero, supone “una prueba significativa para el Estado mexicano y sus instituciones (...) Mientras más pase el tiempo, más grave”, dijo.

Consideró que “si bien este gobierno venía trabajando sobre el tema de la política pública, me parece que los casos de Tlatlaya y de Iguala abren una discusión muy severa, un corchete de veracidad sobre la política pública y la eficacia de la política pública”.

De acuerdo con las investigaciones, agentes municipales, aliados con la organización Guerreros Unidos, estuvieron involucrados en la desaparición y homicidio de jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala.

Los policías dispararon contra los muchachos después de que presuntamente éstos tomaron por la fuerza algunos autobuses para manifestarse. En los incidentes murieron además seis personas, tres de ellas estudiantes, y 25 resultaron heridas.

Álvarez Icaza, quien calificó los hechos ocurridos en Iguala de “gravísimos”, manifestó que “la prioridad ahora es encontrar con vida a esos muchachos”.

Mientras que los hechos de Tlatlaya ocurrieron el 30 de junio pasado cuando militares se enfrentaron con presuntos delincuentes, según las autoridades, en un incidente que dejó 22 muertos, investigaciones posteriores permitieron establecer que al menos ocho no murieron en el tiroteo, sino que fueron asesinados después por militares, cuando ya se había acabado el enfrentamiento.

Tres militares están acusados de homicidio y uno por encubrimiento por este caso.

El secretario ejecutivo de la CIDH reiteró que los casos de Iguala y Tlatlaya abren una “discusión severa” sobre la eficacia de las políticas públicas del gobierno de Enrique Peña Nieto en México.

¿Qué falló?

“Es muy importante que haya políticas públicas y acciones, pero si tienes, por un lado, un caso en el que hay denuncia de posibles ejecuciones extrajudiciales donde integrantes del Ejército pudieron haber ejecutado a una veintena de presuntos delicuentes y, por otro lado tienes a policías municipales que participan en actos de desaparición forzada, dices: ‘¿Qué está pasando en materia de implementación de la política pública?’", se preguntó Álvarez Icaza.

Aunque la comisión valoró “positivamente” el mensaje del Presidente mexicano sobre que no existirá impunidad en este caso, y ha logrado la detención de algunos presuntos responsables, añadió: “No estamos satisfechos en cuanto no aparecen los muchachos".

“El hecho es de tal gravedad que estamos ante un escenario de desaparición forzada. Hubo agentes estatales involucrados en la desaparición de los muchachos. Eso es un escenario de desaparición forzada y le da una específica responsabilidad al Estado”, señaló en declaraciones a la prensa.

El secretario ejecutivo recordó que “por unanimidad la comisión ha otorgado medidas cautelares en el caso de Iguala en lo que se refiere a la búsqueda de los 43 desaparecidos y también ha pedido al Estado medidas de protección para los que están heridos”.

Álvarez Icaza consideró que el otorgamiento de medidas cautelares ha tenido ya efecto en Iguala. “En términos de la estrategia de búsqueda y de ubicación de los responsables hemos visto un impacto. La Procuraduría General de la República (PGR) le ha informado a la comisión de la detención de varios de los presuntos responsables y de la estrategia de búsqueda”, explicó.

El pasado lunes la CIDH tuvo una reunión de seguimiento de alto nivel en la ciudad de México, en la que participaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el titular de la PGR y el consejero jurídico del la Presidencia, tres subsecretarios y los peticionarios. En el encuentro estuvieron presentes dos padres de los desaparecidos y dos estudiantes, precisó la comisión.

El secretario ejecutivo del organismo explicó que el pleno de la comisión todavía no ha discutido la posibilidad de una visita a México. Y consideró que aún es pronto para saber si este país podría llegar a integrar el próximo año la llamada “lista negra” de países que preocupan a la comisión y que aparece en el capítulo IV de su informe anual. Redacción