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El juzgado cuarto de distrito en materia de procesos penales federales, en el estado de México, informó que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de siete militares implicados en los hechos de Tlatlaya, en la entidad mexiquense, en los que fallecieron 22 personas.

A tres de los elementos se les acusa de homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, ya que dispararon contra las víctimas después de un enfrentamiento, cuando ya se habían rendido.

Además, la Procuraduría General de la República (PGR) formuló cargos contra los siete elementos por ejercicio indebido del servicio público y a uno de ellos también le imputa el encubrimiento por no haber impedido los hechos.

Este es el resultado de la investigación que se inició contra Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, acusados ahora por homicidio; así como contra sus compañeros Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, por ejercicio indebido.

Además, los siete elementos seguirán de manera simultánea un proceso vía justicia militar, que inició el 24 de septiembre.

En el fuero civil, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el viernes 31 de octubre se cumplimentó la orden de aprehensión contra los militares ante el mandato que giró el juzgado cuarto de distrito en materia de procesos penales federales.

La orden de captura se libró dentro de la causa penal 81/2014, aunque los acusados seguirán recluidos en las instalaciones de la prisión del Campo Militar No. 1, en la ciudad de México, donde se tomará su declaración preparatoria.

Los delitos. De acuerdo con el CJF, estos militares “probablemente participaron en los hechos del 30 de junio en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde perdieron la vida 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega”.

Cabe indicar que desde el pasado 24 de septiembre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso a disposición del Juzgado Sexto Militar a los ocho militares —un oficial y siete elementos de tropa—, que participaron en los hechos ocurridos el pasado 30 de junio, en el municipio de Tlatlaya.

La Sedena informó en ese momento que la Procuraduría General de Justicia Militar llevaría el proceso contra los efectivos castrenses “por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa; independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento”.

Ahora en el fuero civil se actuó contra siete de estos elementos.