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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutaron a 15 de las 22 personas que murieron tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México.

Indicó que los militares alteraron la escena del crimen y manipularon los cuerpos para hacer creer que todos los civiles —la mayoría de ellos provenientes de Tierra Caliente en el estado de Guerrero— habían fallecido durante un enfrentamiento.

Además, descubrió que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México cometió tortura y agresiones sexuales contra dos de las mujeres sobrevivientes, y tratos inhumanos a otra de las testigos.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, dio a conocer ayer el resultado de su investigación, aunque el 23 de septiembre pasado, cuando ya habían transcurrido 85 días de la matanza, señaló: “Tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de dos horas entre el Ejército y estas personas, de disparos entre unos y otros alrededor de las tres y cuatro de la mañana”.

Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que un oficial y siete elementos de tropa estaban a disposición del Juzgado Sexto Militar por delitos contra la disciplina castrense.

Ayer el ómbudsman aseguró que la investigación corroboró que se trató de una ejecución, lo cual constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas.

Por ello, recomendó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que colabore con este organismo en la presentación y seguimiento de la denuncia penal que presentará ante la Procuraduría General de Justicia Militar, y solicitó la reparación integral del daño a los afectados.

También pidió al procurador general de la República, Jesús Murillo, que se esclarezcan los hechos a fin de que los familiares de las víctimas tengan acceso pleno a la justicia.

Al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, recomendó que se repare el daño a las mujeres que fueron víctimas de vejaciones, que pague la indemnización respectiva y les brinde atención médica y sicológica, y apoye para determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos a su cargo.

La ejecución. De acuerdo con la investigación, la madrugada del 30 de junio pasado se encontraban en la bodega alrededor de 25 personas, dos de ellas habían sido presuntamente secuestradas. Los militares del 102 Batallón de Infantería efectuaban un reconocimiento de ruta cuando encontraron a hombres armados custodiando la bodega y al momento de escuchar balazos, repelieron la agresión gritando: ¡Ejército, ríndanse!.

Según las declaraciones de los testigos y sobrevivientes, los hombres y mujeres que estaban en el lugar les respondieron que sí, y cuando algunos intentaron salir de la bodega sin armas, fueron recibidos a balazos por los militares. A otros, ya heridos, elementos del Ejército les dispararon, pues una sobreviviente relató que escuchó a uno de los uniformados decir: “Los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar”. Les gritaban: “Hínquense” y enseguida escuchaba el accionar de las armas.

De las 27 personas que se encontraban en el lugar, 22 murieron y tres sobrevivieron.

Plascencia Villanueva detalló que de las 22 personas, 12 —incluyendo dos adolescentes— fueron privadas de la vida de manera arbitraria y en tres casos más sus cuerpos fueron movidos de su ubicación, por lo que se presume que también fueron ejecutados. Las siete personas restantes murieron, al parecer, durante el enfrentamiento armado.

“Este organismo logró acreditar que el día de los hechos se alteró la escena del crimen con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento… los cuerpos fueron movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además de que se sustrajeron teléfonos y equipos de telecomunicación”, señala la recomendación.

Los sacrificados. Sobre las personas que estaban en la bodega, ubicada en la carretera Los Cuervos-Arcelia, en el poblado de San Pedro de Limón, la CNDH informó que salvo en tres casos, la mayoría de ellos eran originarios de Tierra Caliente.

Además, había dos personas supuestamente secuestradas, una de las cuales pudo ser identificada por la comisión. Se trata de un joven que había desaparecido el 27 de junio de la comunidad de Tenancingo, en Tlachapa, Guerrero. Los testigos de la zona informaron que lo habían visto con unas mujeres, quienes lo entregaron a una organización criminal.

Plascencia dijo que ahora le corresponde a las autoridades judiciales determinar el grado de participación de cada uno de los miembros del Ejército implicados a fin de deslindar responsabilidades. “Al tratarse de hechos tan graves como la privación arbitraria de la vida se considera que la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva cobra especial relevancia.