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Al presentar el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, admitió que en el campo de los derechos humanos existen dos realidades en México: "el marco jurídico" y lo que sucede en la práctica.

Citó el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles que en abril de este año detectó durante su visita a México "una situación generalizada del uso de la tortura", y destacó el maltrato para obtener de manera forzada una confesión, la intrusión sin orden de cateo en domicilios, golpes con puños, pies y palos en diversas partes del cuerpo, el uso de bolsas para asfixia, toques eléctricos, violencia sexual, entre otros.

"En el campo de los derechos humanos en México existen dos realidades: por un lado la legal, que incluye todo el marco jurídico (Constitución, tratados y leyes federales y estatales) y por el otro, la realidad, la concreta, que se refiere a la vigencia de estos derechos en la práctica", advirtió Silva Meza.

En el mismo evento, Miguel Sarre, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, dijo que ningún avance político ni proyecto electoral es viable cuando existe la tortura y no se respetan los derechos humanos.

El Protocolo, dijo, permitirá "romper" inercias institucionales que permitieron este delito.

"El Protocolo parte de un supuesto distinto a otros acercamientos para enfrentar la tortura en nuestro país. Los abusos más graves del Poder sólo se evitarán cuando antes se persigan, sanciones y reparen los daños por otros delitos y violaciones menos graves, como allanamientos de morada, detenciones arbitrarias, las extorsiones, los robos, intimidaciones, que son caldo de cultivo de las ejecuciones judiciales", dijo.

El Protocolo obliga a que el personal judicial ya no dará únicamente vista al Ministerio Público cuando identifique indicios de tortura, sino que deberá denunciar en forma este delito, lo que supone un paso fundamental para lograr que las sentencias por tortura lleguen a ser comparables con las de otros delitos graves.

"Como mexicanos, todos nosotros, no podemos resignarnos a que los relatores de la ONU, entre otros órganos de control nacionales e internacionales, vuelvan a señalarnos en cada visita que la tortura sigue siendo moneda de uso corriente en nuestro país. Por ello, aceptando que no hay respuestas simples ni respuestas mágicas, debemos admitir también que sin órganos ni procedimientos adecuados seguiremos dando vueltas y vueltas con lo mismo", dijo en el Patio de Murales de la SCJN.

Javier Hernández Valencia, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un reconocimiento al trabajo de Silva Meza, quien deja la presidencia de la Corte a partir del 2 de enero de 2015, por su compromiso con los derechos humanos y pidió a los aspirantes a este cargo refrendar esta política.