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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró que en México debe imperar el Estado de derecho, por lo que la protesta social bien encaminada y que reivindica la justicia debe ser bienvenida y aplaudida, pero aquella que se ejerce con violencia debe ser rechazada.

Dijo que apela a que no haya necesidad de usar la fuerza pública e hizo un llamado a la concordia, a que se conozca la verdad sobre el caso Iguala, que esté sustentada en evidencias y que se castigue a los responsables.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el recién electo presidente de la CNDH —con cuatro días en su cargo—, consideró que la situación actual es desafiante con causas estructurales como la inseguridad pública y las desapariciones forzadas que se deben atender.

El abogado de profesión expresó que la autonomía de la CNDH significa ser independiente de los poderes públicos y los partidos políticos, pero no alejados de ellos. Aunque aclaró que la autoridad que viole derechos humanos será puntualmente señalada, “seré incómodo”.

Indicó que en su gestión “podremos hacer las recomendaciones que cada quien sugiera, pero no se trata de ver a quién le damos gusto”.

¿Cuáles son los síntomas de la crisis que usted percibe en materia de derechos humanos?

—Es una situación desafiante. Es una circunstancia que se vive en algunos hechos lamentables que han detonado una expresión de rechazo, de indignación, de molestia, de hartazgo y que a nivel nacional e internacional han motivado la exigencia de que se conozca el paradero de 43 jóvenes de Ayotzinapa. Necesitamos conocer la verdad, pero además que esté sustentada en evidencias, y por eso celebro la participación de la Comisión Interamericana.

Añadió que “el reto es evitar que vuelvan a suceder hechos como estos. A eso me refiero cuando digo que es una situación extraordinaria, de alta gravedad y de ahí toda esta protesta social que ha crispado ánimos en diferentes latitudes y tenemos que voltear los ojos al gran reto que significa para las instituciones del Estado y para el ómbudsman hacer vigente lo que presumimos que son nuestras normas.

“Tenemos la reforma constitucional en derechos humanos de hace tres años, una Ley General de Víctimas, un código nacional de procedimientos penales, que eleva un sinnúmero de derechos en pro de las víctimas. Tenemos en proceso materializar la reforma penal. Es decir, estamos a la vanguardia, pero nos falta mucho, como el armonizar estas leyes con los estándares internacionales, en el caso de la desaparición forzada, por ejemplo”, dijo.

González Pérez adelantó que “ahí es donde le vamos a entrar haciendo una propuesta legislativa (...) No soy ingenuo, asumo que el trabajo del ómbudsman se da en estas circunstancias, pero ahí está mi planteamiento de buscar la confianza de la sociedad, de las víctimas, para que se acerquen a la comisión. Lo deseable es que no tuvieran que recurrir a las instancias internacionales, sino que lo resolvieran en las nacionales”.

Subrayó que “podemos hacer las recomendaciones que cada quien quiera sugerir, pero no se trata de a ver a quién le damos gusto, porque la ley es muy clara, no es discrecional. A hechos graves se debe emitir una recomendación”.

González Pérez destacó que la autonomía de la CNDH “significa independencia de poderes públicos, de partidos políticos, pero esto no quiere decir alejamiento de los mismos, sino al contrario, trabajar con ellos, escucharlos, tomar propuestas, trazar rutas. Hay que articular, comunicarlos e interactuar, pero cuando haya que hacer señalamientos porque un servidor público se desvíe, pues me verán incómodo porque diremos puntualmente quién ha violado derechos humanos. Entonces es un gran reto. Lo que puedo comprometer es mi gran esfuerzo al límite de mis capacidades, mi entrega, mi disposición”.

¿La crisis comenzó a raíz del caso Iguala o desde antes?

—La detonó el caso Iguala. No podemos ignorar las causas estructurales que pueden dar margen a esto. Tenemos un grave problema de seguridad pública. En 2011, desde la UNAM se propuso una política de Estado en seguridad, justicia y democracia y ahí está el eje transversal de los derechos humanos, lo que identificamos como seguridad ciudadana. Esta circunstancia representa un caldo de cultivo en la violación de derechos humanos.

A su antecesor se le criticaba por la tibieza con la que hacía sus pronunciamientos. ¿Usted cómo marcará la diferencia?

—Mi gran reto es que vean en la comisión un órgano que va a defender a las víctimas, que va a prevenir que lleguemos otra vez al estadío que estamos observando. Desde luego tenemos que hacer un llamado a la concordia en el sentido de no cejar en exigir los derechos, que se aplique la ley a quienes originaron esta circunstancia, y que se castigue a quienes sean responsables, las mayores condenas que el caso amerite, pero dentro de los canales que conlleven a unir, dentro de la legalidad, y no combatir violencia con violencia.

¿Debe intervenir la fuerza pública?

—El tema lo centro en la aplicación del Estado de derecho. Tenemos que fortalecer la legalidad. Yo apelo a que no haya necesidad de que se tenga que usar la fuerza pública, que todos entremos en un camino de concordia, de no cancelar la protesta social, respetarla, pero canalizarla adecuadamente y evitar crispación en ese sentido.

¿Estas protestas pueden desestabilizar al país?

—Diría que la protesta social bien encaminada, la protesta que busca la reivindicación de justicia debe ser bienvenida y aplaudida, pero también debemos rechazar aquella que ejerce en la protesta, la violencia.

¿Cómo ve el problema de la desaparición forzada en México?

—Es un tema que hay que atender, que detonó el caso Iguala. Nos hizo ver que hay un problema de desaparición porque junto a esto tenemos que saber quiénes son las personas que se localizaron en las fosas y tenemos que saber qué aconteció. Cuando hablo del Estado de derecho es que todo el que cometió una conducta como ésta debe investigarse y sancionarse.

¿Cómo vigilará la actuación del Ejército que realiza labores de seguridad pública?

—Incidir en la sensibilización de que la labor que desarrollan tiene que hacerse dentro de la ley y ahí impulsaremos y redoblaremos los cursos de capacitación en la materia, observando que donde haya un señalamiento de un exceso o actitud violatoria de los derechos humanos, intervenir para investigar, y que pueda ser conocido por el orden civil, pero lo ideal es que no suceda.