liliana.alcantara@eluniversal.com.mx  

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que el país atraviesa por una crisis en materia de derechos humanos generada, principalmente, por la impunidad.

Consideró que las manifestaciones de hartazgo e indignación no pueden hacerse ejerciendo violencia. “Es incuestionable que los abusos de autoridad sean investigados y sancionados con todo rigor. También es incuestionable que el delito, la violencia y la injusticia no pueden ni deben combatirse o reclamarse con otros delitos o actos violentos”, reiteró.

Insistió que, ante la grave situación por la que atravesamos, las personas tienen derecho a protestar “pero el llamado es a que no se haga ejerciendo violencia y poder recobrar la cultura de la legalidad”.

González Pérez tuvo ayer su primer acercamiento con la prensa, luego de que el pasado domingo asumió de manera formal su cargo como presidente de la CNDH, al ser designado por el Senado de la República el 13 de noviembre.

El ómbudsman nacional destacó que el caso de Iguala es un “acto infausto”, al cual dará seguimiento hasta su total esclarecimiento y hasta que todos los responsables sean sancionados. Después de mencionar el nombre de cada uno de los 43 estudiantes normalistas, dijo que el caso es una desaparición forzada dado que intervinieron autoridades del ayuntamiento de Iguala. Expresó su compromiso con los familiares de los normalistas desaparecidos y señaló que ha solicitado una reunión con ellos para mantenerlos informados sobre las investigaciones que realiza la CNDH.

“En ello va mi compromiso de no ser un ómbudsman de escritorio, sino un auténtico representante del pueblo, a su lado, hombro con hombro”, manifestó González Pérez.

El presidente de la CNDH aseguró que también requirió dentro del organismo un informe pormenorizado sobre el avance en las indagatorias, de las dificultades a las que se han enfrentado y del seguimiento de las medidas cautelares para que, con base en ello, decida si dará continuidad y reorientará las mismas.

Consideró que el acuerdo de cooperación técnica suscrito por el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) es un paso positivo y aseguró que dará seguimiento a las medidas cautelares decretadas por este órgano el 3 de octubre pasado.

Dijo que igual condena merecen los hechos de Tlatlaya, Estado de México, y que dará seguimiento a la recomendación que emitió su antecesor.