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A pesar de que desde 2008 los gobiernos estatales se comprometieron a crear las Unidades Especializadas en Combate al Delito de Secuestro (UECS), sólo cuatro entidades cumplen con los estándares que las hacen operativas, además de la unidad del gobierno federal.

En 10 estados existen las mayores deficiencias, entre ellos Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, que encabezan la lista con más denuncias de este delito: no tienen instalaciones adecuadas, existe escasa inversión de fondos, les falta tanto equipo tecnológico como personal especializado y evaluado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, ofreció un diagnóstico sobre las unidades, que revela el fracaso de esta estrategia a casi seis años de su implementación y a pesar de que desde 2011 la ley en la materia obliga a los estados a tener dichas áreas. En los hechos, de las 33 que debieran operar en el país, sólo 15% funcionan de forma óptima.

En el estudio, que se basa en una investigación de campo realizada por Alto al Secuestro, destaca que de las 32 unidades estatales —que para 2011 reportaron 941 mil 459 empleados en total—, 10 presentan las peores condiciones.

Tamaulipas, que ocupa el primer lugar en secuestros, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) —en 2013 registró 211 plagios, seis casos por cada 100 mil habitantes—, tiene una unidad que no cuenta con instalaciones adecuadas, “las paredes y techos son de lámina y no hay barda perimetral, es pésimo”.

Los vehículos que usan los agentes son pocos y están en malas condiciones; carece de equipo tecnológico y no tiene una conexión independiente a Plataforma México, la base criminal del país; no cuenta con personal especializado en combate al secuestro, no se les ha dotado de capacitación adecuada para enfrentar el delito y carecen de protocolos de actuación y atención.

El gobierno de Tamaulipas tampoco ha hecho firmar a sus elementos el “compromiso de permanencia” que los obliga a estar al menos cinco años en esta unidad, para garantizar que los elegidos y capacitados asuman el compromiso real de las investigaciones a su cargo.

En Guerrero, el segundo estado con mayor incidencia de plagios, con 207 casos en 2013, tiene serias deficiencias en instalaciones, equipamiento y personal, por lo que esta semana el gobierno estatal anunció que está en proceso de implementación para cumplir con la ley.

Michoacán, “en la calle”

Miranda de Wallace expuso que la unidad antisecuestro de Michoacán “está en la calle”. A pesar de que ocupa el tercer lugar en secuestros, con 196 el año pasado (5.8 por cada 100 mil habitantes), el gobierno sólo ha invertido 771 mil pesos de los fondos federales, advirtió la activista, lo que se traduce en deficientes instalaciones y en que no hay personal adecuado ni capacitado.

El Estado de México, que ocupa el cuarto lugar, con 191 denuncias en 2013, “no ha destinado un solo peso de los fondos federales para su unidad antisecuestros”, señaló. Existe una sola unidad, pero por su extensión territorial y el número de habitantes debería tener al menos cuatro, y la que hay está en etapa de remodelación, pero carece incluso de un área de atención a víctimas. Como todas las de esta lista, tampoco tiene equipo tecnológico.

La situación se repite en Morelos —quinto lugar en el delito, con 150 casos, ocho por cada 100 mil habitantes—, donde Ministerios Públicos y policías no tienen la capacitación adecuada, además de que la unidad carece de tecnología de punta.

Veracruz, con 112 plagios al cierre de 2013, ocupa el sexto sitio en incidencia. En su unidad no hay conexión propia para Plataforma México y la comparte con la Secretaría de Seguridad estatal, carece de equipo tecnológico, no hay área para atender a víctimas, y aunque se gastaron 6 millones de pesos, “no se ve en qué”, afirmó Miranda de Wallace.

En el Distrito Federal —noveno lugar, con 60 plagios— la unidad no tiene suficiente tecnología de apoyo a los agentes, “hay fallas en el funcionamiento a pesar de un proceso de remodelación”, y lo peor es que su personal capacitado en países como Colombia luego es enviado a otras áreas como robo de autos.

Aunque Quintana Roo sólo reportó 12 casos, eso no justifica que “es de las peores unidades, carece casi de todo; en Nayarit, con cinco plagios en un año, no hay instalaciones, “el espacio son dos pequeñas oficinas”, señaló la activista.

La lista cierra con Baja California Sur. Aunque reportó cero plagios, su personal no está capacitado y carece de protocolos de actuación.

En el país, donde el secuestro repuntó 300% en 10 años y 2013 rompió el récord desde la década de los 90, sólo funcionan de forma óptima las unidades de Puebla, Baja California, Chihuahua y Nuevo León, el resto de los 18 estados tiene diversas deficiencias operativas.