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La Cámara de Diputados aprobó, con 441 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con la que se incrementan las sanciones y se impone cárcel para quien simule un plagio.

El dictamen, que fue enviado al Senado, reforma los artículos 13 y 14 de esa ley, impone de 200 a 700 jornadas de trabajo y de tres a seis años de prisión al que simule por sí o por intervención de otra persona, la privación de su libertad.

En la actualidad sólo se contemplaban penas de hasta 100 jornadas de trabajo por este delito.

En el artículo 14 de la misma ley, se especifica que se impondrán de tres a ocho años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir beneficio económico, causarle daño, u obligar a sus familiares a realizar un acto cualquiera.

Este dictamen surge de una iniciativa que presentó el diputado Humberto Armando Prieto Herrera (PAN) el pasado 31 de julio y detalla que la sociedad ha sido testigo de casos donde algunas personas han simulado el delito de secuestro con la finalidad de obtener recursos económicos de sus familiares o amigos, lo que significa para ellos angustia y desesperación por conseguir los rescates que deben entregar a los supuestos delincuentes.

“Negocio” redituable

Por ello, al proponer una sanción mayor para quienes cometan dicha simulación, se evita repetir y obstaculizar la comisión del acto, así como evitar que se sigan efectuando sin tener un freno en la legislación que disuada a quienes piensan realizarlo.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) manifestó que el autosecuestro se ha convertido en un jugoso negocio e involucra desde transportistas, empresarios, comerciantes, estudiantes, parejas en conflicto, hasta jóvenes que solicitan cantidades de dinero para solventar gastos extras.

En este sentido, informó que en 2012 fueron secuestradas 288 personas al día en todo el país, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública de 2013.

No ven solución

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo que la aprobación del dictamen permitirá aumentar las sanciones de esta infracción, lo cual es necesario, pues según datos del Inegi, en 2012 se perpetraron más de 105 mil 600 secuestros.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano, sostuvo que delitos como la extorsión y el secuestro han aumentado de manera considerable en los últimos años en el país; sin embargo, consideró que estas disposiciones no van a resolver el problema.

El fenómeno, manifestó, es más profundo, ya que el delito se genera por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades y alternativas para los jóvenes.