El secuestro arrecia en Morelos. Y en el Estado de México, Tamaulipas, Michoacán. Miles de víctimas, decenas de bandas, complicidad en las policías. Las organizaciones civiles presionan, los medios documentan la crisis. Tras meses de negación, el gobierno federal reconoce el problema y presenta una nueva estrategia. El optimismo resurge. ¿Por qué negar confianza cuando hay voluntad?

Pues tal vez porque ya vimos todo lo anterior. Desde los años 90 todas las administraciones federales han prometido atender, ahora sí, el fenómeno del secuestro. Y las recetas no cambian mucho: unidades especializadas, protocolos homogéneos de actuación, homologación de códigos penales, etc.

Pero esta vez es distinto, se dice. Ahora habrá coordinación, un comisionado nacional para alinear esfuerzos, un comité especial de seguimiento y evaluación, con figuras destacadas de la sociedad civil.

Y sí, todo eso es importante y mucho va en la dirección correcta. Pero no es poco lo que inquieta de la nueva estrategia. A la sazón:

1. De manera notoria, el nuevo comisionado antisecuestros fue ubicado administrativamente en Gobernación y no en la PGR. No hay de hecho ninguna acción que involucre directamente a la procuraduría y a su brazo de investigación (la ahora Agencia de Investigación criminal). Parecería que una vez más se está privilegiando la seguridad sobre la justicia. La judicialización de procesos es el talón de Aquiles de la política antisecuestros. En casos emblemáticos ha habido muchos detenidos, pero pocas sentencias. Es allí, en el fortalecimiento de la procuración de justicia, donde se deberían concentrar los esfuerzos. Sin embargo, esa no parece ser la ruta elegida.

2. En materia de secuestro, el juego fundamental está en la cancha de los estados. Y para cambiar el juego es necesario modificar las reglas. No hay en la nueva estrategia antisecuestro ninguna referencia a instrumentos presupuestales y, en particular, al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El FASP cuenta ya con recursos etiquetados para las unidades antisecuestro, pero estos se gastan poco o mal: en 2012, por ejemplo, sólo se ejerció 60% del presupuesto específico. Transformar las reglas de operación de esos fondos podría ser un instrumento potente de política pública. No hay, sin embargo, nada que apunte en esa dirección.

3. En diversas regiones del país, ha sido posible construir unidades antisecuestro razonablemente honestas y competentes. En su mayoría, esos esfuerzos se han desbarrancado en pocos años: los elementos son transferidos a otras áreas, purgados de la corporación, etc. La falta de continuidad es muestra de que no se pueden crear islotes de integridad y eficacia en un océano de corrupción e incompetencia. Crear unidades antisecuestro no puede pensarse como un objetivo aislado: tiene que insertarse en esfuerzos amplios de reforma policial, dirigidos en particular a las policías ministeriales. Nada o casi nada en esa materia se incluyó en la nueva estrategia.

El problema central de la nueva estrategia antisecuestro es que es sólo una estrategia antisecuestro. No está conectada a un proyecto más amplio de reforma policial o de justicia penal. En eso, es idéntica a esfuerzos similares en el pasado. Y como esos esfuerzos, probablemente generará resultados positivos en el corto plazo, para luego terminar con la decepción de siempre.

El secuestro es un síntoma de una afección crónica llamada impunidad. Y mientras no atendamos esa enfermedad subyacente, no habrá estrategia que valga.

Director de Seguridad, IMCO