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TOTONICAPAN, Guatemala.— En una casita con techo de viga, rodeada de milpa, en las afueras de Totonicapan, en la sierra montañosa del suroeste guatemalteco, una joven quiché de 17 años, que lleva por nombre María Zoila, no duerme por las noches.

La muchacha comparte con su madre, Julia Menchú, la jefa del hogar, no sólo el insomnio, sino también la cama. En la pared de tabicón gris de la cabecera, desde un textil impreso de gran tamaño, la Virgen de Guadalupe las acompaña, pero aún no les hace el milagro.

El rostro de María Zoila se ve cenizo, ojeroso. Cada amanecer se achica la cuenta regresiva de los 180 días de plazo para pagarle al coyote 29 mil dólares, unos 375 mil pesos, por los dos viajes en los que él las condujo hacia Estados Unidos, usando de garantía su propiedad.

“Aquí no se gana nada, y el guía nos está pidiendo el dinero, y si no se lo pagamos nos van a quitar la casa y todo el terreno”, lamenta la joven.

En el primer viaje, su madre logró pasar la línea fronteriza con sus dos hermanas menores y las dejó encargadas. El segundo lo hizo con ella y su hermana mayor, pero las tres fueron detenidas en Arizona.

Juan José Hurtado, de la organización Pop No’j, que tiene el Programa de Retorno y Reintegración de Niños Guatemaltecos, estima que 75% de los menores que viajan solos o con sus familias lo hacen con coyotes. Los pagos a los traficantes varían de 5 mil a 9 mil 500 dólares.

Con tal de migrar, detalla el activista, un número indeterminado de familias indígenas arriesga su patrimonio para solventar el viaje, generalmente del primer hijo varón, como un gesto cultural de hombría.

Explica: “Para pagar al ‘coyote’ muchos han embargado su casa y terrenos entregándoles sus escrituras, por lo que si migran y no logran el objetivo de trabajar en Estados Unidos, al retornar tienen la preocupación de la deuda”.

Del boom de los 56 mil 547 menores no acompañados aprehendidos por la Patrulla Fronteriza —40% niñas— del primero de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014, la cuarta parte, 14 mil 86, salieron de Guatemala. Según el Pew Research Center, de 2009 a 2013 esta migración creció 930%.

El Consulado de Guatemala en Tapachula informó que la juventud que migra sale en su mayoría de municipios indígenas, principalmente de San Marcos (20%), Huehuetenango (15%), El Quiché (11%) y Quetzaltenango (11%).

Deuda sobre deuda

En una ranchería de Huehuetenango, a la que se llega tras cruzar un puente colgante sobre un río, una familia mame debe dos deudas a coyotes por el traslado de Rubén —el hijo mayor de ocho hermanos, cuatro de ellos mujeres— a EU. El muchacho tiene 17 años y estudió hasta sexto grado de primaria.

La Organización Internacional para Migraciones (OIM) estima que 90% de jóvenes migrantes indígenas de Guatemala sólo cursaron el nivel básico.

La primera vez que Rubén migró al norte, a los 15 años, su familia le dio a un coyote las escrituras de su casa y del terreno para financiar el viaje, con un costo de 5 mil dólares. El muchacho fue aprehendido por la Patrulla Fronteriza al cruzar el desierto de Arizona. Estuvo siete meses retenido en un albergue y se le deportó.

Su madre, María Domingo, dice que el coyote los amenazó con quitarles sus bienes si no le pagaban, lo que a su hijo le provocó aflicción. La mujer recuerda haberlo visto llorar y rezar, agarrando el crucifijo. “Oró durante 20 días”. Tras ese lapso le oyó decir: “Sólo Dios sabe, me voy a ir otra vez para cancelar este dinero”.

La familia consiguió que una amistad les prestara para pagar una parte de la primera deuda y así obtener un segundo préstamo por otros 5 mil dólares para subsidiar el segundo viaje.

Rubén migró a Estados Unidos por segunda vez en enero de 2014. Esta vez ingresó por Texas, atravesando el Río Bravo con éxito, y con el apoyo de un amigo llegó a Tennessee. Su madre le advirtió por teléfono: “Mijo, gracias a Dios ya estás allá, hay que cancelar tu deuda, porque si no la gente va a matar”.

Le manifestó: “No te importa que no tengo mi gasto aquí, no te importa si voy a aguantar el hambre, voy a comer hierba, sal, a tomar atole, pero hasta que canceles tu deuda, hasta entonces me vas a mandar [dinero] a mí”.

Rubén trabaja en un restaurante chino y consiguió que sus patrones absorbieran la primera deuda y le descontaran de su sueldo.

El adolescente trabaja como lavaplatos de las 10:00 a las 23:00 horas, sin tiempo de descanso y con sólo 10 minutos para comer.

“Es un trabajo duro”, expresa Rubén en entrevista telefónica desde Tennessee. Cuenta sus planes: “Yo le estoy pidiendo a Dios para cancelar esta deuda y ayudar a mi familia, hacerme una casita”. Hace una pausa. “Es tanta la pobreza”.

Plazo en vela

Una noche, cuando en la casa de Totonicapan estaba en silencio, la madre de María Zoila no lograba asir el sueño y se sentó en la cama. Caminó a la otra habitación donde duermen sus padres, ya ancianos.

Salió al patio, deambuló angustiada. La joven se dio cuenta y fue en su búsqueda.

—¿Qué está haciendo mamá? —le preguntó.

—Nada, no se preocupe, duérmase un rato— le indicó su madre.

De cualquier forma la madre duerme poco. Todos los días se levanta a las tres de la mañana para empezar su labor por destajo: enlaza decenas de madejas de hilo de algodón pintado artesanalmente, que es usado para la elaboración de huipiles de telar.

María Zoila se levanta a las seis de la mañana y prepara el desayuno. Ambas prolongan su jornada laboral hasta las siete de la noche. El pago semanal que cada una recibe es de 45 quetzales, el valor de una comida corrida en una fonda guatemalteca, equivalente a 75 pesos.

La posibilidad de que puedan saldar con su trabajo la hipoteca del banco, con la que pagaron la mitad de la cuota al coyote, además de que le deben la otra mitad, es imposible. Por eso el coyote ya promueve la venta de la casa.

Ana Leticia Pirrir, a cargo del programa de jóvenes de la organización Pop No’j, que asesora a la familia Menchú, especifica que “no existen recursos legales que impidan que la señora pierda su casa”.

El drama, dice Pirrir, se repite en otras comunidades indígenas con los coyotes, pues a menudo son de la misma comunidad “o conocidos de las familias o de otros departamentos de Guatemala, muchos de ellos vinculados al crimen organizado o al narcotráfico”.

Tras la detención de las tres mujeres en Arizona, la familia quedó dividida. La hermana mayor logró que un juez migratorio le permitiera reunirse con sus hermanas de 11 y siete años y con su tío en Nueva York.

La madre pasó 15 meses en prisión y la deportaron en abril pasado. María Zoila estuvo cinco meses retenida en un centro para menores en Virginia y, tras ignorar la suerte de su madre y hermana, se repatrió voluntariamente. La muchacha dice que sufrió maltrato en el albergue. “Nos humillaban bastante”, refiere. Pero está decidida a migrar de nuevo, “de mojada”, para ir al encuentro de sus hermanas y así trabajar e impedir el embargo de su propiedad.

La madre también quiere hacerlo, pero ahora sin coyote: “Estamos pensando viajar sola con mi hija, sin guía, sin nada, y a ver qué va a pasar, nada más estamos pidiendo la ayuda de Dios”, se encomienda.

Cruzar el Río Bravo

Lidia tenía ocho días de haber salido de Guatemala, siete horas de cruzar el Río Bravo y de burlar un patrullaje de helicóptero, una hora de abandonar su escondite e internarse 200 metros en el condado de Hidalgo, Texas, cuando, a las 17:30 horas de una tarde abrasante, la detuvo la Patrulla Fronteriza.

Minutos antes, ella y un amigo guatemalteco con el que emprendió el viaje caminaban temerosos y en alerta a pie de carretera mientras oficiales migratorios patrullaban la zona. Iban con hambre y sed. En su huida, este diario tuvo contacto fugaz con ambos al pie de un árbol.

Lidia, quien recién cumplió 18 años, salió del municipio guatemalteco de Jalapa porque es la mayor de seis hermanas “hembras”. Ningún varón. Y aunque no sabe leer ni escribir, asumió la misión de migrar a Nueva Jersey a encontrarse con sus primas, para ayudar económicamente a su familia. “Yo estoy arriesgando mi vida (...) Mi papá no tiene varón y yo quiero ser el varón de mi papá”, dijo.

Juan José Hurtado estima que las mujeres representan 20% de la juventud indígena migrante guatemalteca, que está expuesta a infinidad de atropellos.

“Las mujeres ya contabilizan, como parte del ‘costo’ del viaje, que pueden ser víctimas de violaciones y abuso sexual por parte de ‘coyotes’, compañeros de viaje, autoridades y otros maleantes”, enuncia.

“Incluso”, agrega, “los ‘coyotes’ con frecuencia les recomiendan que tomen anticonceptivos antes del viaje”.

Ambos jóvenes indígenas expresaron que solicitaron apoyo en una casa vecina al Río Bravo pero los corrieron a gritos. “Mi familia [en Nueva Jersey] me está esperando, lástima que la gente no ayuda aquí”, comentó Lidia con preocupación.

“Nosotros queremos ayuda porque queremos llegar, por la deuda que uno tiene, mi papá no puede pagarla”, dijo sin ahondar sobre el adeudo paterno con el coyote.

A EL UNIVERSAL le solicitaron con apremio “un minuto de saldo” de celular para comunicarse con su familia, pero la llamada no se concluyó porque oficiales migratorios aparecieron a lo lejos y los muchachos corrieron.

Los agentes los aprehendieron sin resistencia. Lidia era un río de desconsuelo. Ahora no podrá pagar la deuda familiar con el coyote. Otra joven indígena más vivirá las noches en vela.

ANGUSTIA. En las afueras de Totonicapan, suroeste guatemalteco, María Zoila y su madre Julia Menchú comparten noches de insomnio, agobiadas por la amenaza del 'coyote' de despojarlas de su vivienda