La Casa Blanca pidió el martes al Congreso de Estados Unidos 3.700 millones de dólares para manejar el ingreso al país de una ola de menores de edad indocumentados procedentes de Centroamérica, que está afectando los recursos públicos y causando dolores de cabeza al presidente Barack Obama.

Se trata de la respuesta más sustancial hasta ahora de Obama, a quien le está costando controlar la crisis humanitaria a lo largo de la frontera entre Texas y México.

El dinero, solicitado en concepto de gastos de emergencia, se destinaría tanto a pagar asistencia a los niños como a acelerar el regreso a sus países de origen.

El pedido de financiación pondrá a prueba la capacidad de Obama de negociar de manera efectiva con los legisladores republicanos, quienes han bloqueado gran parte de su agenda de cara a una elección en noviembre en la que esperan retomar el control del Senado estadounidense.

Obama se comprometió a regresar rápidamente a sus países a las decenas de miles de niños menores de 18 años que han ingresado masivamente a Estados Unidos en los últimos meses.

Muchos de ellos están huyendo de la extrema pobreza, de bandas criminales y de la violencia en torno al narcotráfico.

Con esa iniciativa, el mandatario se arriesga a perder la confianza de sus aliados latinos en Estados Unidos, quienes pretenden que actúe flexibilizando -y no endureciendo- las reglas de inmigración.

Buscando que el pedido a los legisladores sea más aceptable en términos políticos, la Casa Blanca sumó 615 millones de dólares que requiere con urgencia para ayudar a combatir los incendios forestales típicos del verano boreal, que han estado afectando a los estados del oeste del país.

Esto lleva el total de fondos solicitados a 4.315 millones de dólares, una cifra que algunos republicanos probablemente se negarán a ceder sin recortes presupuestarios en otras áreas.

Funcionarios de la Casa Blanca que dieron una conferencia de prensa dijeron que la mayor porción del financiamiento, mil 800 millones de dólares, irían al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que brinde cuidados adecuados a los niños mientras permanecen en custodia en Estados Unidos.

Otros mil 100 millones de dólares se destinarían al Departamento de Seguridad Nacional para pagar el transporte de los niños, ampliar las investigaciones sobre las pandillas que tramitan las inmigraciones ilegales y el pago de la detención y deportación de adultos indocumentados que viajan con niños.

Además, 433 millones de dólares se gastarían en aumentar la seguridad en la frontera, incluidos incrementos en los controles por aire. El Departamento de Justicia recibiría 64 millones de dólares para contratar alrededor de 40 jueces especializados en inmigración que agilicen los procesos de deportación.

Finalmente, 300 millones de dólares se destinarían al Departamento de Estado para pagar la repatriación y reintegración de los inmigrantes en sus países de origen y para "ayudar a los gobiernos en la región a controlar mejor sus fronteras" , dijo la Casa Blanca.