El Centro de Derechos Humanos de La Montaña (Tlachinollan) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron una información ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , por la falta de medidas cautelares a favor de 107 defensores indígenas de derechos humanos.

Hoy los representantes de ambos organismos de defensa de los derechos humanos acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, para informar que el gobierno guerrerense no ha implementado las medidas provisionales ordenadas por el tribunal en relación con el caso y otros más.

A través de un comunicado de prensa, el organismo, informó que las medidas fueron requeridas al Estado mexicano y al gobierno guerrerense el 9 de abril de 2009 para proteger la vida e integridad de la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) , Obtilia Eugenio Manuel y su familia.

La solicitud incluyó a 71 miembros más de la organización en mención, entre ellos Inés Fernández Ortega y su familia y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de Ayutla de los Libres, desaparecidos y asesinados en el 2009.

De acuerdo con la información a la presentación de la inconformidad acudió el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del área jurídica de Tlachinollan, quien informó que el tribunal internacional ordenó para 107 defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero cuenten con medidas cautelares.

Pero lo anterior no se ha cumplido en su totalidad por parte de las instancias correspondientes y en consecuencia se pide que se emita una nueva recomendación por parte de la CIDH.