Representantes de organismos internacionales y nacionales urgieron a expedir una ley general contra la desaparición forzada y tortura.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , Luis Raúl González Pérez, manifestó su disposición a trabajar con el Senado en la elaboración de leyes generales, "ya que esto contribuiría a fortalecer las bases para enfrentar esos problemas" .

Olga María del Carmen Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , refirió que hace 20 años se tenía una idea de los derechos humanos muy limitada.

Llevaba a cabo la interpretación constitucional con herramientas teóricas que no correspondían con sus nuevas atribuciones ni con la realidad, y el espectro era acotado, anotó.

El país era otro, los problemas eran otros, pero la necesidad de diálogo siempre ha estado presente. Además expresó su anhelo de establecer mecanismos de diálogo democrático entre poderes y actores políticos, a partir de su experiencia y de sus funciones.

Insistió en que la nación necesita dialogar y dejar atrás atavismos provenientes de visiones desgastadas de los derechos del Estado y los enfrentamientos que tanto daño le han hecho.

El gobernador de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) , Rubén Moreira Valdez, señaló que a pesar de los avances en la materia aún faltan muchísimas cosas por hacer como generar una ley contra la desaparición de personas.

"Mi entidad ha padecido esa terrible tragedia" , dijo y opinó que es momento de enfrentar las recomendaciones de organismos internacionales y no esperar a que solamente el Gobierno Federal se haga cargo de las responsabilidades, pues también es de los estados y municipios. Se debe enfrentar como un Estado federado.

El director ejecutivo Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, advirtió que la democracia mexicana, que tantos años y tanto esfuerzo ha tomado construir, está en riesgo.

A su parecer, la crisis de derechos humanos no se resolverá volteando la mirada, reaccionando de manera defensiva ante la crítica ni con el paso del tiempo. El país requiere que los senadores se comporten como estadistas y no como políticos y reconozcan la magnitud de la situación.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció los hechos ocurridos en Iguala y el fenómeno de desaparición forzada.

Por ello, dijo, está pendiente impulsar una respuesta legislativa integral en términos recomendados a México por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU y recientemente por el Comité de Desapariciones Forzadas.

La Oficina en México del Alto Comisionado está dispuesta a contribuir en "este importante esfuerzo parlamentario" , de la mano de organizaciones de la sociedad civil, de organismos públicos de derechos humanos y, sobre todo, de las víctimas.

Ximena Andión Ibáñez, de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lamentó que el país "no ha sabido o no ha querido" resolver el "triste" legado de violaciones a derechos humanos como la tortura, entre otras.

Para enfrentar esta situación todos los Poderes del país deben reconocer la "crisis en materia de derechos humanos y la enorme deuda que tenemos con los cientos de miles de víctimas" .

Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, criticó que algunas Legislaturas de entidades federativas no hayan cumplido con su obligación de tipificar algunos de los delitos que los tratados internacionales exigen.

No es difícil cumplir con lo que los tratados internacionales en la materia establecen, sobre todo porque ya existen ejemplos de legislaciones apropiadas y adecuadas como las de Coahuila o Querétaro, que se instrumentan adecuadamente, por ejemplo en materia de desaparición forzada.

Si no se reconoce la dimensión del problema de las desapariciones en México como un primer paso para resolverlo no se van a adoptar las medidas que conduzcan a su solución; "lo primero es reconocer la dimensión del problema, no rechazarlo como si se tratara de un ataque a la nación, porque no lo es", anotó.

Durante la presentación del Informe de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República la senadora Angélica de la Peña Gómez aseguró que el ejercicio democrático del poder debe ser corresponsable con una política de respeto, promoción y difusión, que enfatice que todos los derechos son fundamentales.

La senadora Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, indicó que es necesario dar voz a los temas relacionados con los derechos humanos, ya que hay hombres, mujeres, niñas y adultos mayores que todavía ven violentados sus derechos.

En su turno la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, senadora Adriana Dávila Fernández, expresó que la nación atraviesa momentos difíciles en materia de derechos humanos, y ha sido denominado por otras naciones y organismos internacionales como una crisis de derechos humanos.

jadf