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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió el apoyo del Poder Legislativo para aprobar una Ley General de Personas Desaparecidas con uniformidad en los tipos penales a nivel nacional para contar con una base de datos confiable que se nutra día a día.

En un encuentro con los integrantes de la Comisión Especial de Iguala de la Cámara Baja, González Pérez sugirió que esta ley se construya en una mesa de trabajo con la aportación de la sociedad civil y con los representantes de la CNDH para que se puedan tipificar los delitos de desaparición forzada cuando es crimen organizado y cuando son personas ausentes.

En entrevista, la vicecoordinadora del PT en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar, comentó que el ómbudsman dijo que esta ley es urgente a nivel nacional debido a que hay seis entidades que no contemplan en sus marcos jurídicos el delito de la desaparición forzada, y al igual que lo pidió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también es necesaria la creación de un banco genético.

Confirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya creó una oficina especial para el caso Iguala y su titular será José Larrieta; este despacho se encargará de revisar los 85 tomos de la PGR y también se encuentra en el análisis de los expedientes previos que tiene sobre el tema.

El pasado 17 de febrero, EL UNIVERSAL publicó que el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una “desaparición forzada”, por lo que no ha cesado en su intención de acreditar este delito y muestra de ello es la obtención de una orden de aprehensión bajo esta causal en contra de cinco policías municipales de Iguala, Guerrero.

En las respuestas legislativas que envió a la Cámara de Diputados con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Peña Nieto reveló que en la integración de la indagatoria de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público de la federación realizó “el juicio de reproche” por el delito de “desaparición forzada” cometido en agravio de los 43 estudiantes normalistas ante la autoridad jurisdiccional, debido a que esta entidad argumentó que los hechos investigados no encuadraban en la hipótesis que establece este tipo de delito.

Visita a cuarteles

En el encuentro con legisladores de esta comisión, Luis Raúl González Pérez informó que están trabajando de manera paralela con los familiares de los 43 desaparecidos para entrar al cuartel militar del 27 Batallón con sede en Iguala.

El ombudsman informó que se encuentran definiendo fechas de ingreso con las autoridades.

Reiteró que para la CNDH no está cerrado el caso de Iguala debido a que aún faltan procesos judiciales y órdenes de aprehensión, incluso se comentó que hasta el momento hay “personas clave” que aún no tienen órdenes de aprehensión.

La vicecoordinadora del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar, comentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está investigando el caso de los más de 100 detenidos debido a que tienen varias quejas de que se les han violentado sus derechos.