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El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una “desaparición forzada”, por lo que no ha cesado en su intención de acreditar este delito y muestra de ello es la obtención de una orden de aprehensión bajo esta causal contra cinco policías municipales de Iguala, Guerrero.

En las respuestas legislativas que envió a la Cámara de Diputados con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, Peña Nieto reveló que en la integración de la indagatoria de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público de la Federación realizó “el juicio de reproche” por el delito de “desaparición forzada” cometido en agravio de los 43 estudiantes ante la autoridad jurisdiccional, debido a que esta entidad argumentó que los hechos investigados no encuadraban en la hipótesis que establece este delito.

“No obstante, la Procuraduría General de la República no ha cesado en su intención de acreditar el ilícito de desaparición forzada y muestra de ello es la obtención de una orden de aprehensión por este delito librada contra cinco policía municipales”, detalla en la respuesta al grupo parlamentario del PRD, que cuestionó el por qué no se tipificó el delito de desaparición forzada desde el inicio.

Reparación del daño

En el documento, el titular del Ejecutivo describe que han tenido un diálogo constante con los familiares de las víctimas para otorgar asistencia integral y garantizar sus derechos conforme a lo que establece la Constitución y se compromete a otorgarles una “compensación que cumpla con los estándares internacionales”.

En el documento de 127 cuartillas, se describe que Gobernación designó a personal especializado para brindar acompañamiento y seguimiento a cada uno de los núcleos familiares de las víctimas directas, es decir, de las 43 personas desaparecidas, seis fallecidas y 25 heridas.

De manera paralela, el estado envió una propuesta del Plan de Atención Integral a Víctimas y que contempla atención jurídica, donde se revisarán los mecanismos para respaldar el pago de gastos y honorarios de los representantes de las víctimas.

También social, donde se integrará a las víctimas y familiares a programas sociales; seguridad, que son medidas urgentes de protección; sicosocial, para pagar los honorarios de los especialistas designados por las víctimas y médica para otorgar atención integral de la salud de forma gratuita a las víctimas.

No hay omisión

En sus respuestas, el titular del Ejecutivo, a través de Gobernación, aseguró que no hubo ninguna omisión de parte de las autoridades federales en este caso en la clasificación del delito, debido a que la autoridad judicial determinó que los hechos por los que se ejerció acción penal, el Ministerio Público de la Federación, fueron constitutivos de “secuestro” y no de “desaparición forzada”.

Sin embargo, “al no compartir el criterio jurisprudencial se interpuso [un] recurso de apelación contra la negativa de orden de aprehensión por el de desaparición forzada”.

En sus respuestas, el titular del Ejecutivo comentó que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala, sino con otros asuntos similares en proceso de investigación.

Detalla que se han aplicado los protocolos internacionales en lo que respecta a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas, “por lo que no se considera que exista omisión alguna”.