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En las investigaciones que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, se erogaron más de 6.6 millones de pesos del erario, sólo en los gastos que realizó el personal ministerial en cada una de las diligencias de campo, durante la primera fase de integración del expediente.

Un reporte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Oficialía Mayor y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que obtuvo EL UNIVERSAL, indica que 6 millones 654 mil 266 pesos se destinaron para la alimentación, hospedaje y viáticos de 312 servidores públicos de distintas áreas que participaron en las pesquisas.

Estos recursos son independientes de los pagos que recibió, por la vía de la nómina, cada uno de los elementos enviados a Guerrero.

De acuerdo con el documento de la PGR, el dinero se destinó en diferentes áreas de trabajo. El primer monto es por la cantidad de 5 millones 525 mil 166 pesos, dinero que se utilizó para los gastos de 140 policías ministeriales, “quienes realizaron investigación, protección, resguardo y auxilio en la preservación de zonas señaladas por la autoridad competente”.

El segundo rubro asciende a 783 mil 275 pesos, recursos que se utilizaron para la alimentación y hospedaje de 85 elementos del Ministerio Público y Auxiliares Ministeriales, quienes realizaron investigación y persecución de delitos relacionados con la desaparición forzada de los jóvenes, perpetrada el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Mientras que 345 mil 825 pesos se utilizaron para cubrir los viáticos por las actividades de apoyo y auxilio que efectuaron 87 peritos especializados en apoyo a los Agentes del Ministerio Público de la Federación, “aportando conocimientos técnico-científicos en las labores de investigación que aquellos desarrollan”, detalla el reporte.

Los más de 6 millones de pesos erogados en esta fase de la investigación por la PGR, se suman al pago de un 1 millón de dólares que el gobierno federal dispuso para el pago por los servicios del grupo de seis expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como el plan de atención integral a las víctimas de los hechos, para garantizar que se dé la atención y reparación necesaria.

El 4 de octubre de 2014, nueve días después de que se diera a conocer la desaparición de los alumnos, la Procuraduría atrajo las investigaciones del caso. Tres meses después, el 27 de enero pasado, la dependencia presentó las conclusiones de las investigaciones.

En febrero pasado, en conferencia, el ex procurador Jesús Murillo Karam explicó que los jóvenes fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río, una “verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales”.

En ese momento, Murillo dijo que las pesquisas sobre los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala y Cocula permitieron obtener 39 confesiones de policías, así como de las personas que actuaron materialmente en los hechos, llevar a cabo 487 peritajes, obtener 386 declaraciones, así como efectuar 153 inspecciones ministeriales.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, refirió Murillo al presentar los resultados de la investigación.

Aseguró que la PGR llevó a cabo una investigación “exhaustiva, profunda, seria, con muchas bases y muchos elementos” para acusar a los detenidos por el delito de homicidio.