Todo está listo para que este lunes el comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, armado con testimonios, peritajes y estudios forenses, trate de demostrar que al menos seis de los nueve muertos en el enfrentamiento entre civiles y elementos de la Policía Federal, el pasado 6 de enero en Apatzingán, cayeron a consecuencia de las balas que recibieron de sus propios compañeros, y que sólo en dos casos fueron abatidos por los uniformados. Otro más perdió la vida al ser prensado por un vehículo civil.

Nos adelantan que el gobierno federal no tiene contemplado proceder en contra de los policías federales, pues los elementos con los que cuenta hasta ahora le permiten mantener la hipótesis de que actuaron en defensa de su vida.

Nos explican que dos de los elementos de prueba sobre los que no deberá quedar ninguna duda son: la distancia a la que fueron disparadas las balas que privaron de la vida a los civiles, y el calibre de los proyectiles, pues de eso depende que demuestre científicamente que no hubo ninguna ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas federales y de que no se aparezca en este caso el fantasma de Tlatlaya, en el que civiles fueron ejecutados por elementos del Ejército Mexicano.