politica@eluniversal.com.mx  

Las bancadas del PRI y del PAN en el Senado demandaron al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, separarse del cargo para contribuir al restablecimiento de la paz social en la entidad, derivado del caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

“Reprobamos profundamente las omisiones irresponsables en que ha caído el Poder Ejecutivo de Guerrero y sostenemos que no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución racional en tanto él permanezca en el cargo”, dijo en tribuna el senador del PRI, Arturo Zamora.

El pronunciamiento fue respaldado por el PAN, a través de Héctor Larios, y dieron nueve días a Aguirre Rivero para que deje el cargo.

El Senado aprobó también un acuerdo para diferir hasta el próximo jueves 30 de octubre la discusión del dictamen sobre la desaparición de poderes en Guerrero. Un grupo plural del caso Iguala viajará a ese estado a investigar la situación en la entidad.

Por la mañana, el coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado, solicitó posponer el aval al dictamen, al considerar que hacía falta una investigación profunda y no sólo un intercambio epistolar con los poderes de Guerrero.

“Hace falta la investigación. Porque la obligación del Senado es que una comisión acuda y recabe los elementos de prueba para comprobar que existe o no la desaparición. Por eso pedimos este receso para que se posponga la discusión hasta en tanto no se lleven a cabo las investigaciones”, dijo.

Recordó que en 2006 cuando se solicitó la desaparición de poderes en Oaxaca por el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), se abrió un periodo de investigación y permitió que un grupo de senadores fuera a la entidad a entrevistarse con la Comisión de Derechos Humanos y la sociedad en general.

Dictamen negativo. Como adelantó EL UNIVERSAL, el proyecto de dictamen de la Comisión de Gobernación consideraba improcedente la solicitud de los senadores del PAN para declarar la desaparición de poderes en la entidad por los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

En tribuna, la presidenta de la Comisión, Cristina Díaz (PRI), dijo que la solicitud sólo hace referencia a situaciones que tienden a probar de manera genérica la presunta ausencia de Estado de derecho sin vincular esta situación a la acción u omisión de la autoridad, y dijo que, de proceder, también tendría efectos sobre 46 diputados locales y magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Además, señaló que por lo informado por los titulares de los órganos Legislativo y Judicial del estado, se desprende que esas instituciones no han visto vulnerada su integridad ni el ejercicio de sus funciones, y que sus integrantes no se encuentran imposibilitados para cumplir plenamente las facultades propias de su encargo.

PRI marca la ruta. Más tarde, en tribuna, Arturo Zamora hizo “una respetuosa invitación” al gobernador, ex priísta, a que reflexione y valore qué es mejor para los guerrerenses para que, a partir de ello, pondere presentar formalmente su renuncia al cargo.

Dijo que hay claros motivos para determinar que el Ejecutivo de Guerrero ha omitido el cumplimiento de sus funciones constitucionales, ocasionando vacío de poder en la entidad.

El senador Zamora señaló que el fallecimiento de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es producto de la falta de garantías del gobierno de Guerrero para proteger sus derechos.

PAN también pide su salida. El senador Larios respaldó el llamado del PRI para la renuncia antes del 30 de octubre, de lo contrario —dijo— procederán a la desaparición de poderes.

El senador panista por el estado de Sonora señaló que la renuncia del gobernador o la desaparición de poderes darán cauce institucional para resolver el grave problema de “conflictividad social” en Guerrero.

“El PAN espera que el gobernador acepte la invitación a abandonar el cargo que ostenta, pero no ejerce, pero que es indispensable para reconducir la vida institucional de Guerrero”, dijo.

Alejandro Encinas (PRD) pidió una investigación a fondo de los hechos y repartió la responsabilidad a todos los partidos políticos.

“Los vínculos del alcalde de Iguala con criminales deben ser investigados y dar con quienes hayan sido financiados en sus campañas electorales con recursos de delincuentes, y en esa descomposición están involucrados los partidos políticos, sin excepción”, dijo el senador Encinas.

Demandó ir a fondo en las investigaciones “caiga quien caiga”, porque el principal interés del PRD es impedir la impunidad en esos hechos y anteponer los esfuerzos y reclamos por la presentación de los normalistas.

La comisión de Gobernación se reunió por la mañana con la presidenta del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina Galeana, quien dijo que los órganos jurisdiccionales operan en normalidad en el estado.