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El PRD acordó dar por superado el tema de la permanencia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador en Guerrero, y dejar en manos de las autoridades judiciales las investigaciones sobre los normalistas desaparecidos y la situación de inseguridad en el estado.

En apego al resolutivo del Consejo Nacional del PRD, emitido el fin de semana, la dirigencia y senadores acordaron mantener así su respaldo político a Aguirre Rivero.

Reunidos a puerta cerrada, los legisladores y el presidente nacional, Carlos Navarrete, coincidieron en que es inviable proceder a la desaparición de poderes, lo que defenderán cuando el asunto se lleve ante el pleno de la Cámara alta.

Dejar que gane la postura de salida anticipada del gobernador o la desaparición de poderes —expresó el dirigente nacional, de acuerdo con senadores— sólo beneficiaría al crimen organizado.

“Acordamos que no compartimos la desaparición de poderes” porque es estrategia del PAN con fines políticos, advirtió el senador Sofío Ramírez Hernández (PRD).

Confirmó que, según las encuestas, Aguirre tiene una evaluación “muy positiva de parte de los guerrerenses” y quienes piden su salida es por cierta “inclinación social”.

El gobierno pudo evitar los hechos o actuar a tiempo y no lo hizo, dijo la senadora Dolores Padierna.

Diputados van a CNDH. El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, aseguró a diputados de la Comisión Especial de Iguala que no hay certeza para descartar que los restos de las primeras seis fosas sean de los normalistas desaparecidos.

La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, dijo que la CNDH presenció la exhumación de los restos de las fosas y el protocolo para extraer los cuerpos no lo hicieron antropólogos, sino los propios policías estatales y tampoco se sabe si los cadáveres no fueron “cambiados”.

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, señaló que la reunión fue improductiva porque el ómbudsman no dijo nada nuevo sobre el caso.