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Hay días en que la “panza” del Senado se indigesta, y ayer fue una de esas jornadas en las que tuvieron que pasar casi diez horas para que produjera algo así como gases de agruras, por parte del PRI; algún empacho del PAN y eructos del partido del sol azteca.

El platillo de la indigestión es el gobernador Ángel Aguirre Rivero en su tinta, contra quien el PAN ha solicitado que se exprese que hay condiciones para declarar la desaparición de poderes, y de acuerdo con la ley de los 70, la Comisión de Gobernación tenía hasta ayer para resolver y enviar el caso al pleno.

Pasadas de las 9 de la mañana, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), llega a la cabecera de la reunión a la que convocó para discutir y votar un dictamen, que se sabe desde un día antes, va en sentido negativo.

La causa no es ninguna inocencia del gobernante ex priísta y perredista tras su arribo al poder, sino que, dicen en voz baja en las áreas técnicas, la solicitud tiene defectos de estudiante de Derecho.

Increíble, dicen, que un abogado tan avezado como Roberto Gil haya firmado una estructura que no fundamenta lo que se pide. Con todo, Gil cabildea por salvar el momento e impedir que el asunto vaya al bote de la basura.

Los panistas Jorge Luis Preciado y Héctor Larios van y vienen, hablan con sus colegas de PRI y PRD. Encuentran una ruta: que se abra una investigación en dos semanas. Piden un receso que concede la senadora Cristina Díaz al minuto de haber abierto la reunión.

El trajín de qué hacer ocupa a los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Jorge Luis Preciado, y del PRD Miguel Barbosa, quien deja los trabajos de la Mesa Directiva para estar en las negociaciones. La sesión desahoga de todo, hasta la efeméride de la Constitución de Apatzingán, promulgada hace 200 años, mismos que se cumplen este miércoles.

Llegan a un acuerdo: ampliar el plazo para conocer y resolver sobre el pedido del PAN, y llegar al pleno el 4 de noviembre, pero Díaz advierte que es muy amplio y representa riesgos, dada la situación delicada en Guerrero. Ajustan la fecha y quedan en que sea el próximo jueves 30 de octubre cuando se presente el dictamen definitivo.

Así, las fuerzas políticas se miden en el pleno. Pasan de las cinco de la tarde; la priísta lee las conclusiones del dictamen y cuando mencionan la débil sustentación de la solicitud panista, se levanta un coro de rechazos de Acción Nacional.

En la tribuna, el vicecoordinador de los senadores del PRI, Arturo Zamora, demanda que el gobernador Ángel Aguirre Rivero renuncie a su cargo. Lo hace responsable de omisiones lamentables.

El panista Héctor Larios saluda la postura de Zamora. Y le sigue el perredista Alejandro Encinas, quien camina de lado para no pisar los escombros que ha dejado el priísta, y les recuerda: todos los partidos políticos son responsables de la descomposición política de Guerrero.

Y lo que sigue son dos semanas de expectativa en un complejo enredo de cómo desaparecer poderes en un estado en el siglo 21.