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McALLEN, Texas.— El sol del mediodía del 27 de febrero repuntaba sobre la casa de Griselda, en Usulután, El Salvador. Adentro, su familia departía placentera ignorando que afuera, siete jóvenes pandilleros de la Mara Salvatrucha la rodeaban.

A una señal, como si un trueno chicoteara la puerta de su vivienda, los muchachos tatuados y armados irrumpieron violentos. Lanzaron a niños y adultos al piso, los encañonaron, y unos iniciaron el saqueo mientras otros intentaron capturar a su pareja. “Lo iban a matar”, relata Griselda. “Se les escapó, le tiraron tres escopetazos, pero sólo uno le dio en la mano”.

La salvadoreña de 33 años y su niña de siete vivieron acosadas por los pandilleros durante tres meses, hasta que la mujer reunió el equivalente a mil 300 pesos para huir hacia Houston, donde vive su madre.

Griselda se unió así al caudal de madres solas que viajan con sus infantes hacia Estados Unidos, un desplazamiento forzado por razones económicas y de seguridad, que a decir de Michelle Brané, de Women’s Refugee Commission, basada en Washington, presenta un crecimiento alarmante del que “no hay cifras”.

Durante varios días las dos salvadoreñas agotaron el dinero viajando en transportes carreteros, pero en el camino se unieron a un grupo de migrantes y así llegaron a Reynosa, Tamaulipas.

La madrugada del 11 de junio los migrantes las ayudaron a atravesar el Río Bravo agarradas de una llanta pero, tan pronto cruzaron, las detuvo la Patrulla Fronteriza y las recluyó en su centro de detención.

Los oficiales las despojaron de sus pertenencias y al descubrir un salpullido en el brazo de la niña, las obligaron a dormir afuera de sus instalaciones, a ras del suelo, expuestas a temperaturas de 40 grados centígrados.

Durante cuatro días no les permitieron bañarse y su alimento fue un burrito y una manzana en la mañana y al mediodía. Nada más.

Entonces Griselda le pidió a un oficial clemencia por el trato hacia su niña. “Me dijo que si quería, que le mandara una carta a Dios para que me atendieran mejor”, narra en la estación de autobuses de McAllen, donde cuatro días después se les liberó porque el centro estaba atestado de más madres con niños.

“Dios sabe por qué nos ha traído hasta acá”, enuncia y muestra el citatorio de audiencia de deportación que le dieron, fechado para el 30 de junio. Mientras tanto podrá vivir con su madre en Houston.

Fenómeno en repunte

Las autoridades migratorias de Estados Unidos no han reportado la cifra oficial de madres con sus hijos detenidos recientemente por la Patrulla Fronteriza, a quienes recluyen de tres a cinco días y liberan maltrechos y hambrientos en centrales de autobuses.

Pero organizaciones cristianas instalaron refugios temporales o de tránsito en McAllen, Brownsville y El Paso, Texas, en las últimas tres semanas, para atenderles antes de que viajen con sus familiares mientras transcurren sus procesos de deportación. Algunas de estas madres deben esperar la salida de su transporte por una noche o viajar trayectos de más de 30 horas.

La dimensión del fenómeno creciente apenas se vislumbra en el refugio instalado en McAllen por Catholics Charities, en el salón de la iglesia El Sagrado Corazón.

La monja Norma Pimentel dice que desde hace dos meses los fieles los alertaron sobre centroamericanas deambulando en la terminal de camiones con sus pequeños.

Dice que los casos se incrementaron de tal forma que el 11 de junio abrieron el albergue y en 11 días atendieron un estimado de 770 madres, “cada una acompañada de uno a tres niños”.

La mayoría tienen de 20 a 30 años y vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, explica.

Rubén García, de Annunciation House, al frente del refugio en El Paso, detalla, por su lado, que en dos semanas recibieron cuatro aviones procedentes de El Valle de Texas, con 540 personas: alrededor de 200 madres y “la gran mayoría niños”.

A otro grupo, que sumaba un millar de mujeres y sus menores, se le trasladó al centro de detención migratoria de Nogales, Arizona.

DeeDee García, del National Tequila Party Movement, ingresó al centro y reportó que tres de las mujeres “fueron violadas” en su larga travesía. Se ignora a cuántas madres más de esta reciente oleada también se les violó, extorsionó, asesinó o secuestró en su camino.

Pero el 6 de junio, a la hondureña Paola Quiñones, vocera de la Caravana Peregrinación Migrante por el Diálogo, de 21 años de edad, y a su niña de tres, hombres armados las secuestraron al viajar en autobús hacia Reynosa.

Refugiadas fugaces

La noche apremia el movimiento en el albergue de tránsito en McAllen, en donde voluntarios ordenan víveres y ropa usada y asisten a las madres refugiadas. En un instante la puerta del salón se abre y da paso a mujeres y niños desaliñados y hambrientos, recién liberados.

En el remolino va una joven hondureña de nombre Gabriela, con un bebé de tres meses desfallecido en sus brazos que respira con dificultad y tiene los ojitos rojos e hinchados. Inmediatamente se le canaliza con el doctor. Mientras éste lo revisa, Gabriela cuenta que dejó su país por la pobreza.

Dice que vendió sus pertenencias y le pagó a un coyote que la cruzó, a ella y a otras siete mujeres con sus niños, el Río Bravo la madrugada del 12 de junio, pero ya no regresó. Fueron detenidas. Los oficiales les quitaron sus pertenencias, incluidas la ropa y la leche en polvo del bebé.

Si en el exterior hacía un calor endemoniado, a todas las recluyeron con sus hijos por tres días en celdas con sobrecupo, célebres por tener temperaturas de hasta 15 grados centígrados bajo cero. Ahí, ellas durmieron hacinadas sobre el piso de concreto. El bebé “a ratitos dormía porque lo abrazaba, porque hacía mucho frío”, cuenta Gabriela.

El pequeño rechazó la leche en polvo que ahí le dieron y a la muchacha no le permitieron darle la que ella llevaba, por lo que “el niño lloraba y lloraba por hambre”.

Finalmente, el médico terminó la auscultación del crío y determinó que se le trasladara en ese momento a un hospital porque presentaba una afección respiratoria y diarrea. Al día siguiente se logró estabilizar al pequeño, por lo que Gabriela pudo viajar con él a Denver, donde vive su madre.

River tours

La música country en vivo resuena esa tarde de domingo en el restaurante Riverside Club, en las márgenes texanas del Río Bravo, a 17 kilómetros del puente internacional que conecta a McAllen con Reynosa, Tamaulipas.

Horas antes, frente al Riverside Club, se escucharon detonaciones del lado mexicano. Aquí ni se inmutaron. Parejas septuagenarias se deslizan en la pista. Llegaron en camionetones, algunos ornamentados con calcomanías con la leyenda “Vietnam veteran”.

El restaurante está en un corredor de recreación texana en el que cohabitan el parque Anzaldúas, áreas de balneario con deportes acuáticos, casas particulares, y… patrullajes en lancha de agentes migratorios.

Por el parque Anzaldúas ingresaron a la Unión Americana, una noche de junio, la salvadoreña Roxana —de 29 años—, su hijo de 11, y 17 personas más a las que abandonó el coyote. Durmieron en el parque y al día siguiente los aprehendieron.

La mirada de Roxana es de honda tristeza. Lava ropa en su país, donde dejó dos hijos más, y pidió un préstamo para pagar la exigencia del coyote: “14 mil dólares”.

La “cacería”

En México tampoco hay cifras del fenómeno. Sólo se sabe que por la frontera tamaulipeca pasa 62% de las centroamericanas hacia Estados Unidos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población. La mitad lo hace por el área de Reynosa.

El Instituto Tamaulipeco para el Migrante, del gobierno local, reporta que atendió a 39 madres centroamericanas o mexicanas migrando con sus hijos en 2012, 46 en 2013 y 60 en lo que va de 2014.

Interesante es que en ese lapso ha ido bajando su edad promedio: 34 años en 2012, 33 años en 2013 y 30 en 2014.

Las madres cruzan el Río Bravo, que llega a medir hasta 800 metros de ancho, en balsas o flotadores, generalmente pagándole a un coyote que las dejará a su suerte.

Las mujeres ignoran que si bien atravesaron el río con aparente facilidad tras burlar los patrullajes acuáticos, del otro lado hay decenas de patrullas agazapadas o peinando la zona para capturarlas.

El trato a ellas, no obstante, es discrecional: a las mexicanas se les ficha y deporta de inmediato, por la vecindad con México; a las centroamericanas, por el sobrecupo de la reciente oleada, se les libera y permite presentar su caso ante un juez.

El abogado Carlos Spector, fundador del grupo Mexicanos en el Exilio, situado en el Paso, señala que a migrantes connacionales se les deporta aunque sean casos de desplazamiento forzado por la violencia. “Acaban de mandar 270 inmigrantes de Honduras a El Paso y dentro de unos días los sueltan, y aquí tenemos mexicanos peleando por años sus casos de asilo”, puntualiza.

Abogados migratorios dicen que la resolución de las peticiones de asilo de las centroamericanas durará meses o años. Sin embargo, se teme que la mayoría carezca de apoyo legal.

Luchar por Annie

En el albergue Senda de Vida, en Reynosa, Doris, que viajó con Annie, su niña de 5 años con Síndrome de Down, tiene esperanza de atravesar el Río Bravo para conseguirle atención especial y salvaguardarla de la violencia en su país.

En Honduras, Doris era recamarera. Salió con el equivalente a 2 mil 200 pesos para llegar con su familia en Dallas. En el camino se le unió otra compatriota embarazada y una salvadoreña con dos niños, uno de ellos un bebé de pecho.

Tardaron dos meses en arribar a Reynosa. Viajaron en autobús, en dos ocasiones se subieron al tren, a La Bestia, pidieron aventón a traileros, enfrentaron acoso sexual y durmieron en el piso de centrales de autobuses.

“La verdad hemos sufrido mucho”, comenta Doris tratando de mantener quieta a la niña. “Por ella tengo que luchar, porque tiene síndrome [de Down]”. Las madres desplazadas siempre tienen razones por las que luchar.