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VALLE DEL RÍO GRANDE, Tex.— En el interior del recinto de techos altos de la iglesia Borderland Calvary Chapel, en San Benito, en el Valle del Río Grande, Texas, el pastor Greg Rangel está rodeado de cajas de mudanza.

La iglesia cristiana construida en los años cuarenta —con capacidad para 700 personas— se vendió el 11 de junio a la organización no lucrativa International Educational Services (IES), que la acondicionará como albergue para menores centroamericanos que migraron solos y están en proceso de deportación.

Rangel se guarda el monto de la transacción: “La cantidad no es lo importante, sino para qué va a ser usado”, dice.

Sólo revela que los representantes de IES le dijeron que el espacio tendría capacidad para recibir de 300 a 400 menores.

La experta en migración de menores, Michell Brané, de Women’s Refugee Commission, con sede en Washington, estima que en el país hay alrededor de 40 refugios privados con financiamiento federal, pero que se ha abierto un número indeterminado más por la oleada de 47 mil menores migrantes no acompañados —40% niñas— aprehendidos de enero a mayo de 2014.

Precisa que este año el gobierno federal les destinó a esos refugios unos “2 billones de dólares” (2 mil millones de dólares).

Texas es el estado con más albergues. De acuerdo con el Texas Department of Family and Protective Services y al Texas Department of State Health Services, hay 23 resguardos privados, con capacidad para 3 mil 23 camas y licencias de funcionamiento de 1 a 27 años.

Su saturación provocó que a principios de junio se trasladaran mil 200 menores más a la base militar Joint en San Antonio, Texas.

En el Valle del Río Grande, que colinda con la franja fronteriza de Tamaulipas, que va de Reynosa a Matamoros, y donde el Pew Research Center registra 75% de flujo de menores migrantes sin acompañamiento, se ha instalado el mayor número de estas pensiones en el país en la última década.

De 2001 a 2014 se triplicaron de cuatro a 13, con capacidad total para mil 600 camas en la zona. Y dos más que abrirán, el de San Benito y otro en Edinberg.

Rogelio Núñez, de Proyecto Libertad, en Harlingen, Texas, señala que estos funcionan en secrecía, que son inaccesibles para la mayoría de las organizaciones promigrantes, y hay opacidad en su manejo financiero.

“¡Válgame Dios! ¿De dónde agarran tanto dinero?”, pregunta. “Si pueden comprar edificios de medio millón de dólares o de 250 mil dólares (el equivalente a 7 y a 3 millones y medio de pesos), entonces ya es un negocio”.

Negocio prometedor

Ingresar como medio de comunicación a una de estas pensiones privadas es prácticamente imposible. Sus puertas son impenetrables.

Al tocar el timbre en un albergue de Southwest Key en la ciudad de San Benito, salen tres hombres corpulentos, con radios en la mano y actitud desafiante.

“No pueden estar grabando video, no pueden estar grabando nada”, advirtió uno de barba.

En general los refugios canalizan a la prensa a los corporativos y éstos, a su vez, a un teléfono del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno federal, donde contesta una grabadora.

La revista Hispanic Business consideró en la edición de abril a Southwest Key la cuarta de las 25 organizaciones hispanas no lucrativas más prominentes del país, pues en 2013 ejerció 120.9 millones de dólares.

En su portal, la organización se promociona como “la más grande proveedora de servicios de menores no acompañados en Estados Unidos desde hace años”.

Además de realizar distintos programas sociales para jóvenes y sus familias, la organización posee 12 albergues para menores sin acompañamiento en el país, ocho de los cuales están en Texas, dos en Arizona y dos en California. 

Recientemente, la organización adquirió en San Benito un viejo hospital y un asilo y los acondicionó como albergues. 

Arturo Rodríguez, titular del departamento de Seguridad de la ciudad de San Benito, dice que el gobierno local se beneficiará con nuevos empleos y pago de impuestos: “Apenas comenzamos con este negocio, no ha sido ni el año”.

El tercero, será el de la iglesia que compró IES.

La industria migratoria

Núñez, del Proyecto Libertad, considera que el incremento del flujo de menores y la ruta a la que se les somete tras su captura originó una “industria migratoria” que crece en presupuesto pero no mejora sus condiciones humanas ni legales.

Luis, por ejemplo, es un veracruzano de 17 años que a mediados de junio cruzó a nado los 800 metros de anchura del Río Bravo. Lo detuvo la Patrulla Fronteriza y lo encerraron en una celda con temperaturas de 15 grados centígrados bajo cero con más de un centenar de menores hacinados en el piso. “Les dicen las hieleras”, comenta el adolescente.

Lisa Frydman, directora del Center for Gender and Refugee Studies Hastings College of the Law, ubicado en San Francisco, California, asegura que el trato es inhumano en dichos centros.

“Hay numerosos reportes de niños durmiendo en pisos de concreto en condiciones de temperatura congelantes, mal alimentados y hambrientos, mientras son maltratados por agentes de la Patrulla Fronteriza”, explica.

Brané puntualiza que los agentes en los centros no están calificados para atender a esta población. Recientemente “salieron a la luz más de 100 quejas de niños que fueron abusados (sexualmente) por oficiales” de la corporación.

Los infantes aprehendidos tendrían que permanecer 72 horas por ley en los centros, agrega Brané; sin embargo, el súbito repunte rebasó al sistema migratorio y se quedan ahí por semanas o los trasladan a bases militares de Texas o Arizona.

Luego se les transfiere a los citados albergues privados de organizaciones religiosas o trabajo social.

La abogada Jennifer Harbury externa por su parte que tampoco en estos refugios privados los menores están del todo a salvo. La defensora llevó el caso legal de siete de ellos a los que se ultrajó en un albergue de Nixon, Texas, en 2007, que finalmente cerró.

Piensa que, aun así, la situación en estas pensiones no ha cambiado desde entonces, pues siguen contratando a ex militares o ex oficiales como vigilantes internos. “¿Quién los supervisa?”, se pregunta.

Brané ahonda a su vez que antes los infantes permanecían 90 días en estas pensiones privadas, mientras el gobierno investigaba la calidad moral de sus familiares con los que se reunificarían, y en caso de no tenerlos, la de los particulares a donde los canalizará.

El gobierno estadounidense tiene un sistema de pago mensual a familias que aceptan alojar a niños en proceso de deportación.

No obstante, dice que el sobrecupo redujo dicho periodo de investigación de 90 a 30 días, por lo que los infantes permanecerán con adultos cercanos o desconocidos los meses o años que dure su proceso de deportación.

Michell Brané advierte que por esa razón “esta población de niños es vulnerable al crimen organizado y a la trata”.

El valle de los albergues

Núñez observa que, a partir de 1988, la Patrulla Fronteriza comenzó a detener a menores centroamericanos viajando sin acompañante. Huían de las guerras salvadoreñas y guatemaltecas.

Para 1989, dice, se abrieron tres o cuatro albergues privados, y para 2001 sumaban cinco en la zona.

Explica que luego del ataque terrorista contra las Torres Gemelas, cambió el sistema migratorio y el acceso a estos albergues se cerró. Sólo entran abogados.

“Política y humanitariamente eso no es justo [...] El público debe tener acceso a esa información”, sentencia el activista.

Kimi Jackson, directora de South Texas Pro Bono Asylum Representation Project (ProBAR), en Harlingen, que da defensa legal a menores en juicio de deportación, expresa que en 2011 estos albergaban a 369 menores. La cifra se cuatriplicó en dos años y medio; ahora hay mil 600.

Detalla que su edad promedio es de 15 años, y cada vez más niños y niñas huyen del reclutamiento o violencia de las pandillas.

“Hemos trabajado con chicas que han sido secuestradas y violadas”, dice, por lo que hay albergues sólo para muchachas.

Sobre esta reciente oleada de migrantes considera que muchos menores calificarían para tener residencia legal en el país, pero “desgraciadamente no hay suficientes abogados” para asistirlos.