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WASHINGTON.—El Departamento de Estado volvió a colocar ayer a México, que se ha consolidado como el principal corredor de tráfico de personas de Centroamérica a Estados Unidos, entre el pelotón de países que siguen sin cumplir cabalmente con los estándares mínimos para combatir una actividad que ha caído en manos del crimen organizado, con la complicidad de algunas autoridades que pecan por acción u omisión en la lucha para proteger a la población más vulnerable como mujeres y niños.

Aunque el Departamento de Estado reconoce los esfuerzos que ha realizado el gobierno de México para combatir el tráfico de personas, considera que la labor desigual entre el gobierno federal y los distintos estados de la República ha servido a las redes de tráfico de personas que se siguen beneficiando de la mano de obra barata de niños, mujeres o profesionistas a quienes el crimen organizado llega a enganchar como sicarios, como esclavas sexuales o como mano de obra en la explotación de campos de cultivo, de minas o en la excavación de túneles en la frontera con Estados Unidos.

“El crimen organizado explota por igual a ciudadanos mexicanos y a inmigrantes extranjeros en el tráfico sexual. Además, los obliga a participar en actividades ilícitas, enrolándolos como sicarios, como halcones y en la producción, transporte y venta de drogas”, señala el reporte.

“Los grupos criminales —prosigue— echan mano del trabajo forzado en las minas de carbón y también para la excavación de túneles para el contrabando de drogas a través de la frontera con Estados Unidos.

“Algunos grupos criminales han secuestrado a los profesionales, como arquitectos e ingenieros, para realizar este tipo de trabajos forzados”, apunta el informe.

El reporte, que mantiene a México en la misma posición y calificación desde 2001, vuelve a insistir en la necesidad de que las autoridades federales y estatales colaboren para erradicar la práctica de la explotación y subraya la “complicidad oficial” de las instituciones gubernamentales con las redes de traficantes como “un serio problema”.

Como botón de muestra de las disparidades legales que dificultan el combate contra el tráfico de personas, el informe sostiene que “mientras que 23 estados y el Distrito Federal ya tienen leyes específicas contra la trata de personas, sólo algunas leyes estatales penalizan toda forma de trata”.

Aunado a ello, añade, una serie de inconsistencias y complicadas investigaciones interestatales dificultan el procesamiento contra las redes de traficantes de personas. Por si fuera poco, estados que deberían designar a un fiscal o procurador especializado contra el tráfico de personas carecen de fondos para contratarlo.

El informe destaca, además, que la magnitud que ha cobrado el problema en los últimos años, particularmente con el aumento de la población de Centroamérica que cruza la República Mexicana para alcanzar Estados Unidos, ha complicado las tareas de prevención a nivel federal:

“La gran mayoría de las víctimas extranjeras en el trabajo forzado y servidumbre sexual en México son de Centro y Sudamérica, particularmente Guatemala, Honduras y El Salvador; algunas de estas víctimas son explotadas incluso a lo largo de la frontera sur de México”, subraya el informe.

Precisamente, la porosidad de la frontera entre México y Guatemala se ha convertido en un quebradero de cabeza para Estados Unidos que trabaja a marchas forzadas para tratar de contener la marea humana de inmigrantes que siguen viajando desde Centroamérica para tratar de alcanzar la Unión Americana en una de las peores crisis humanitarias.

Emite recomendaciones

En este sentido, el informe anual del Departamento de Estado emite una serie de recomendaciones para México con especial atención en la desarticulación de las redes de traficantes de personas, en la protección de testigos que han sufrido a manos de estas organizaciones y lo insta a colaborar de forma más estrecha con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en la construcción y mejoramiento de refugios y en el cuidado de las mujeres y niños que son la porción más vulnerable de esta población.

Entre los casos de tráfico de personas con nombre propio que enumera el Departamento de Estado, se encuentra el de Flor Molina, una mexicana y madre de dos hijos que siguió las promesas de trabajo en Estados Unidos. De oficio costurera, Flor se dejó convencer por su maestra de costura para viajar y cruzar la frontera y hacer realidad el sueño americano.

Sin embargo, esa promesa se transformó en pesadilla. Durante más de un mes, Flor trabajó en jornadas extenuantes que arrancaban a las 4 de la mañana en una maquila de ropa donde hacía las veces de costurera y empleada de la limpieza.

Tras una dura temporada de explotación, Flor consiguió ayuda de una ONG que le ayudó a escapar. Hoy, Flor forma parte una red de ayuda a supervivientes de estas redes de trata en Estados Unidos.