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En la tribuna del máximo órgano de dirección del PRD, su Consejo Nacional, dirigentes perredistas exigieron al gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, solicitar licencia al cargo para distensar la crisis que vive el estado tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, pero Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Nacional (ADN), corrientes dominantes, cerraron filas para garantizar su permanencia.

Con 10 oradores, el PRD desahogó a puerta cerrada el punto y aprobó un documento general para presionar la búsqueda y hallazgo de los jóvenes y demandar una investigación y deslinde de responsabilidades, por “amplia mayoría”, 15 abstenciones y cuatro votos en contra.

En cambio, fueron rechazadas, tras otro debate, reservas al documento para solicitar a Aguirre Rivero que presente su licencia al cargo, tras reconocer que los hechos representan el conflicto más grave que le ha tocado enfrentar al PRD en sus 25 años de fundación, sólo comparable con el halconazo que ocurrió el 10 de junio de 1971.

Esa licencia “no está en el resolutivo ni está en el documento” advirtió el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz.

En cambio, el resolutivo estableció: se ha especulado la responsabilidad del Estado y “debe contribuir a las investigaciones sin caer en salidas fáciles ni linchamientos públicos”, pero no mencionó el nombre del gobernador emanado de la alianza del PAN y PRD, Aguirre Rivero.

En tribuna, consejeros perredistas de la “coalición mayoritaria” que controla al PRD: Nueva Izquierda (NI), Alternativa Democrática Nacional (ADN), y Foro Nuevo Sol (FNS), plantearon que el Estado mexicano y el gobierno federal deben asumir su responsabilidad por los hechos ocurridos, cuya gravedad se repite en otras regiones del país.

La investigación es la salida que debemos pedir, si después de ésta resulta que se tiene que ir, pues se va, dijo el ex líder nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo.

Lo ocurrido en ese municipio es un crimen del que debe responsabilizarse el Estado mexicano, agregó el líder de Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez.

La crisis, reconoció la diputada Amalia García Medina, de FNS, ha pegado al PRD, por ser en un estado gobernado por ese partido, donde se registró la violencia contra normalistas y su desaparición.

Pero atribuyó la mayor carga al gobierno federal, sobre el cual “el cuestionamiento es universal, es gigantesco, no va a poder eludir de ninguna manera, no va a poder escabullirse”.

“No le pedimos la renuncia, pero no le pedimos que se quede. No lo condenamos ni lo absolvemos”, trató de justificar el diputado Fernando Belauzarán de NI.

Pero en contraparte, dirigentes de las corrientes opositoras exigieron a su partido asumir su corresponsabilidad, aunque otros guardaron silencio o matizaron su postura, como IDN, de René Juvenal Bejarano, y Movimiento Progresista, de Marcelo Ebrard.

La Coalición de Izquierda, a la que pertenecen el líder de los senadores, Miguel Barbosa y el legislador Alejandro Encinas; Patria Digna, que integran Carlos Sotelo, Pablo Gómez y Gilberto Ensástiga, exigieron solicitar a Aguirre Rivero la licencia al cargo.

Es la peor crisis política que hayamos enfrentado en los más de 25 años de historia de nuestro partido. “Nos explotó en la cara”, advirtió el senador Encinas Rodríguez.

“Desde el 10 de Junio de 1971 no se había registrado en este país el asesinato de estudiantes, alumnos pobres, de una normal rural que indefensos fueron agredidos por la policía municipal en complicidad con la delincuencia organizada y en este acto tenemos responsabilidades como partido gobernante en el estado y como partido político gobernante en el municipio, y el partido debe asumir plenamente sus responsabilidades frente a este acto”, afirmó Encinas Rodríguez.

En la discusión, también Gilberto Ensástiga, de Patria Digna, exigió al PRD definirse y demandar la salida inmediata del gobernador Aguirre Rivero.

Aunque Acosta Naranjo, de Nueva Izquierda, propuso realizar una marcha en Acapulco el próximo 26 de octubre, ésta fue rechazada, dijo Belauzarán Méndez, porque podía interpretarse como un respaldo a Aguirre Rivero.

Navarrete Ruiz no respondió a las preguntas de la prensa sobre si se trataba de un respaldo y rechazó comentar las solicitudes de cinco consejeros para que Aguirre Rivero deje el cargo, o que el partido se equivocó al elegir al munícipe de Iguala, José Luis Abarca. “Plantearon muchas propuestas que no fueron aprobadas por el Consejo”, dijo.

La sesión de Consejo Nacional fue cerrada a los medios de comunicación. Ante la presencia de los periodistas, los perredistas acordaron un receso.