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Desapariciones forzadas, levantones y extorsiones son los abusos más recurrentes que han denunciado habitantes de Iguala ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En ese sentido, funcionarios de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresaron al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que el deterioro del Estado de derecho en esta región se venía denunciando meses atrás, particularmente luego del asesinato de tres líderes de la Unión Popular atribuidos a la policía municipal.

En ello coinciden los pobladores que han dado su testimonio a la CNDH, pues aseguran que después de esos homicidios, las actividades cotidianas de la población comenzaron a ser afectadas, pues muchas personas cuidan la hora y el momento para salir a la calle y varios comercios han cerrado sus puertas, pues además, la extorsión está a la orden del día.

Los comerciantes aseguran que a sus negocios han llegado personas a bordo de camionetas y les cobran 2 mil pesos quincenales como “derecho de piso”, pues de lo contrario los amenazan. Decenas de locatarios han preferido cerrar las puertas de sus puestos.

De acuerdo con sus relatos, durante la administración del alcalde José Luis Abarca Velázquez, la policía municipal y el crimen organizado, en conjunto, sembraron temor entre los pobladores de esta localidad.

Afirman que el año pasado ocurrieron por lo menos nueve desapariciones de activistas políticos que se oponían a la gestión del alcalde.

Además, hay versiones que aseguran que la policía municipal ya había sido sometida a una revisión por parte de los gobiernos estatal y federal, luego de que el 26 de mayo los uniformados atacaron la comandancia en el municipio de Teloloapan, a raíz del cual murieron dos elementos y se arraigaron a siete por su presunta responsabilidad en estos hechos.

Los denunciantes señalan que en el tramo carretero entre Iguala y Teloloapan ocurren varios levantones por parte de policías municipales vestidos de civil y grupos armados.

Recomendaciones. Sobre este clima de inseguridad, funcionarios de la ONU-DH se reunieron en días pasados con el gobernador Aguirre Rivero por invitación de éste. Le pidieron que mejore los métodos de búsqueda de los normalistas desaparecidos debido a que las acciones realizadas hasta el momento no han tenido resultados.

En el caso de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, le sugirieron que cumpla con los protocolos de exhumación para no afectar la validez de las pruebas recabadas y que garantice que las víctimas y sus familiares reciban en todo momento un trato digno y humano por parte de las autoridades, “especialmente en estos momentos de tanta angustia e incertidumbre, que sea igualmente respetuoso de sus valores y culturas”.

Además, los funcionarios le pidieron que impulse las investigaciones para que estos hechos y otras graves violaciones ocurridas en la entidad no queden en la impunidad, “tomando en cuenta que el deterioro del Estado de derecho en Iguala venía siendo denunciando desde varios meses atrás”.