La administración Obama buscó la víspera desalentar el aumento del flujo de menores inmigrantes que viajan solos o en familias al advertir que los indocumentados de nuevo arribo no serán beneficiados con la eventual aprobación de una reforma migratoria.

"Mi mensaje para quienes quizá tengan hijos en Centroamérica y con quienes quieren reunirse es que la inmigración ilegal no es segura; que un centro de procesamiento no es lugar para sus hijos" , dijo el secretario de Seguridad Interna (DHS) , Jeh Johnson.

Johnson sugirió que los riesgos que estos menores corren por la decisión de sus padres de enviarlos a Estados Unidos son extremos y no resultarán en beneficios.

"Poner a sus hijos en las manos de una organización criminal de traficantes de personas no es seguro. Su hijo no se beneficiará del DACA (programa de acción diferida). DACA es para quienes llegaron aquí 17 años atrás", puntualizó.

De igual modo, explicó que los beneficios de una eventual reforma migratoria "son para quienes llegaron hace 18 meses. Ése es mi mensaje" .

Sus declaraciones marcaron un distanciamiento del argumento con que la administración Obama ha buscado explicar hasta ahora el aumento en los flujos de estos menores, cuyas detenciones podrían alcanzar las 60 mil este año fiscal, según proyecciones oficiales.

Cifras del DHS dieron cuenta de que durante los pasados ocho meses del actual año fiscal 47 mil 017 menores han sido detenidos en la frontera con México, lo que significó un incremento de 92 por ciento respecto al mismo periodo del año fiscal 2013.

La mayoría de éstos proviene de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Johnson defendió la decisión de trasladar a estos menores a albergues habilitados en tres bases militares en Texas, California y Oklahoma bajo la administración del Departamento de Salud, así como la eventual liberación de algunos, insistiendo que así lo manda la ley.

Empero sus palabras y las de otros funcionarios federales que participaron en una conferencia de prensa convocada por el DHS para hablar de la situación provocada por estos cruces, evidenciaron la falta de preparación de la administración para confrontar la crisis.

Mark Greenberg, titular interno de la división infantil y familiar del Departamento de Salud, explicó que al llegar a estos albergues los menores son sometidos a pruebas de salud para determinar si padecen enfermedades como la tuberculosis.

Igualmente se busca establecer si tienen a alguno de sus padres viviendo en Estados Unidos u otros familiares con quienes podrían ser reunidos mientras se continúa el proceso para su deportación en una corte de inmigración.

Aunque Greenberg dio a conocer que existe una línea telefónica de emergencia donde padres o familiares pueden llamar para informarse dónde se encuentra sus hijos, no pudo explicar si éstos serán entregados a sus padres aún cuando éstos se encuentran aquí ilegalmente.

"Nuestro propósito es sacar a estos menores de estas instalaciones y ponerlo al cuidado de quien se pueda hacer responsable de su cuidado" , señaló el funcionario.