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WASHINGTON.— El gobierno de Estados Unidos advirtió ayer contra las esperanzas infundadas de quienes envían a sus hijos menores de edad para cruzar ilegalmente su frontera sur con la esperanza de acogerse a beneficios migratorios inexistentes, y reconoció que trabaja a marchas forzadas con los gobiernos de México y Centroamérica para salir al paso de una crisis humanitaria que le tomó por sorpresa con una marea de miles de niños que inundan sus centros de detención y refugios habilitados en bases militares de Texas, California y Oklahoma.

En una reacción apurada por las circunstancias, funcionarios de la Casa Blanca se vieron ayer obligados a aclarar los alcances de una crisis que intentan contener a duras penas con la habilitación de refugios temporales y la revisión de miles de casos de niños que provienen en su inmensa mayoría de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, y una proporción menor de menores originarios de México.

Según cálculos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el número de niños que han cruzado ilegalmente la frontera supera los 35 mil y podrían superar la cifra de 60 mil este año.

A pesar del enorme desafío que esta marea supone, la administración estadounidense advirtió que todos ellos serán deportados. Aunque el número de infantes que han llegado desde México supera los 11 mil en lo que va de este año fiscal, la dimensión poblacional de los niños que están llegando desde Centroamérica es muy superior en términos proporcionales con un total aproximado de 13 mil 282 que han llegado desde Honduras, 11 mil 479 de Guatemala y nueve mil 850 de El Salvador.

Aunque el tiempo previsto para analizar caso por caso es de 72 horas, funcionarios gubernamentales reconocieron algunos retrasos para identificar y ubicar en refugios temporales a aquellos menores de edad que, por pertenecer a naciones no contiguas a Estados Unidos, no pueden ser repatriados de forma inmediata, como sí ocurre con el caso de los mexicanos.

El cualquier caso, aclararon, a cada niño identificado se le inicia un proceso de remoción o deportación. “La ley nos obliga a prestar asistencia a los niños y es un proceso que comienza en cuanto son detenidos”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

“Y luego se pasan por un proceso para determinar si van a ser enviados a otro país, cómo van a ser enviados a otra nación, o cómo puede resolverse ese problema”, añadió Earnest sin detallar la forma en que se resolverá la suerte de estos niños caso por caso.