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El gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) demandaron al gobierno de México que realice una profunda investigación para esclarecer la desaparición y posible homicidio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y que los culpables sean llevados ante la justicia. Es un signo de la consternación que ha causado internacionalmente este incidente.

A partir de la instrucción presidencial de que el gobierno federal atrajera el expediente, ayer el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se trasladó a Iguala, Guerrero, para conducir las pesquisas, luego de que el 26 de septiembre los normalistas fueron agredidos a tiros por policías municipales, y días después se localizaron seis fosas clandestinas cuyas víctimas están en proceso de identificación para determinar si entre los cuerpos están algunos de los estudiantes.

Entre los avances de la investigación, de acuerdo con autoridades federales, una de las líneas apunta a los nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de Los Beltrán Leyva. Se indaga al edil como posible prestanombres al servicio de esta organización.

Reacción internacional. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, confirmó que Washington está siguiendo de cerca el “preocupante” caso de estos estudiantes. Y pidió que se realice una indagatoria “completa y transparente” de los hechos.

“Nuestros pensamientos están con las familias y amigos de los desaparecidos, a los que expresamos nuestras condolencias”, señaló la vocera, quien se mostró confiada de que la investigación que han iniciado las autoridades mexicanas permita esclarecer los hechos. “Los culpables deben ser llevados ante la justicia”, añadió.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, aseguró que la desaparición y posible matanza de los 43 estudiantes “enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas”, aunque oficialmente el gobierno de México aún no ha confirmado el crimen de los jóvenes.

Insulza expresó su profunda consternación por los hechos. Recordó mediante un comunicado que, según declaración de sicarios confesos, algunos de los estudiantes desaparecidos habrían sido ejecutados por orden del crimen organizado en los alrededores de Iguala, por lo que el máximo representante de la OEA pidió el esclarecimiento de “un asesinato tan inhumano como absurdo”.

Manifestó su apoyo al gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto en su decisión de no permitir que “este brutal crimen quede sin el castigo de la justicia”.

Destacó además “la urgencia de alcanzar mecanismos de trabajo conjunto por parte de los gobiernos de la región para luchar contra el poder del narcotráfico, capaz de asesinar, corromper y aterrorizar a los pueblos del continente”.

Tras la pista del edil. Autoridades federales indicaron que la PGR investiga al alcalde Abarca, como supuesto prestanombres del cártel de Los Beltrán Leyva. Se indagan sus bienes: el centro comercial Galerías Tamarindos, farmacias, pizzerías, inmuebles y terrenos que estarían registrados como de su propiedad y sus familiares; aunque también existen indicios de que administraba el Centro Joyero de la ciudad.

Reportes de inteligencia federales indican que desde su candidatura para ser alcalde, ya se tenía información sobre sus vínculos con la delincuencia.

De gustos refinados y vestuario lujoso, al asumir el poder la vida del edil cambió y comenzó a ser visible a través de automóviles Mercedes Benz, Volvo o camionetas blindadas, vehículos que eran escoltados por dos sujetos a bordo de motos, refirieron autoridades federales.

Aunque la violencia y la venta de droga es algo habitual en la zona, las ejecuciones, extorsiones y secuestros comenzaron a ser notables en los últimos años a través de la desaparición y homicidio de personas, como el del síndico Justino Carvajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio, ex alcalde de Acapulco, asesinado en marzo de 2013. Carvajal fue ultimado al salir de un departamento en marzo de 2013. Previo a su muerte, fue amenazado en distintas ocasiones.

La información del gobierno federal refiere que la seguridad pública del municipio era controlada por el crimen organizado a través de elementos pagados que vigilaban los movimientos de los soldados y federales adscritos a la zona. DPA