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El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, no sólo ratificó que la tortura es una práctica “generalizada” en México, sino que es una “epidemia”, y reveló que recibió “presiones” de diplomáticos mexicanos para que corrigiera el contenido de su informe.

En entrevista con EL UNIVERSAL TV, manifestó que ratifica las conclusiones de su documento, pues “no he encontrado todavía ninguna razón para cambiarlas”, por lo que demandó un diálogo más constructivo y civilizado “que lleve a México a poder lidiar mejor con la epidemia de tortura que tiene”.

Respecto a las presiones, apuntó que hubo llamadas telefónicas, encuentros con Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y Organismos Internacionales de Ginebra, así como una carta del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, en las que le insistían eliminar el término de “generalizado”, del informe que presentó el 9 de marzo pasado.

Calificó de “falsas” las acusaciones del embajador Lomónaco. Expuso que nunca expresó que la metodología que usó en nuestro país para elaborar su informe fuera “rudimentaria” e “insatisfactoria”.

Sus palabras, dijo, fueron sacadas de contexto, en el mejor de los casos, y aclaró que se refería exclusivamente al procedimiento de quejas que aplican los relatores especiales. “Digo que es rudimentario porque no tenemos ninguna oportunidad para entrevistar a los testigos directamente, para analizar documentos o para contrastar opiniones. Lo único que hacemos es esperar del gobierno una respuesta.

“Y además es insatisfactorio porque en 50% de los casos —lo que no aplica para México—, ni siquiera recibimos respuesta”, detalló el experto.

Añadió que el gobierno mexicano se equivoca al decir públicamente que su informe está basado en 14 casos, pues éstos involucran a 107 mexicanas y mexicanos que fueron víctimas de tortura. “Son muchos otros y no pretendieron nunca ser el universo que me llevan a la conclusión de que es generalizada”.

Subrayó: “Es una práctica generalizada porque la mayoría de los testimonios que recabé repiten las mismas características: la tortura ocurre en las primeras 24 o 48 horas de la detención; es violenta porque incluye amenazas, electrocuciones, ahogamientos, asfixias, golpes con instrumentos duros y armas punzocortantes o la destrucción de propiedades, e incluso abuso sexual”.

Además, la tortura se da en reiteradas ocasiones, la aplican los policías federales, estatales o municipales responsables de la detención, y luego quienes laboran en la PGR y las procuradurías estatales, así como en el Ejército y la Marina. “Decir que es algo generalizado no es una aberración, porque no son casos alejados o que ocurrieron por error”.

Méndez apuntó que la impunidad, en el caso de perseguir y castigar la tortura, es un hecho pues los procuradores, fiscales y jueces que reciben las denuncias las desestiman.

“En los últimos 10 años, de todas las denuncias que existen —estoy hablando de miles—, hay solamente cinco en las que se ha llegado a condenar judicialmente a posibles perpetradores de la tortura. Las cifras son muy contundentes”.

Consideró injusto que funcionarios mexicanos lo hayan calificado de “irresponsable y poco ético” y comentó que es la primera vez en su carrera que su honestidad ha sido puesta en entredicho.

“Entiendo perfectamente que tengamos visiones distintas sobre las conclusiones que saqué de mi visita, pero me parece que no hay ninguna necesidad de personalizar y atacarme”.

Y aunque manifestó que no espera una disculpa, sí exigió respeto y una rectificación para mantener un “diálogo civilizado” y la colaboración con la administración del presidente Enrique Peña Nieto. “Fuera de eso, no espero nada más. Voy a insistir que en adelante me traten como lo hacían hasta antes de la presentación de mi informe”.

jram