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El gobierno mexicano acusó al relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, de violar el Código de Conducta para Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

Jorge Lomónaco, representante permanente ante organismos internacionales, envió una carta al CDH en la que además expresa el malestar de que el relator señale sin sustento, en el informe que presentó en Ginebra el pasado 9 de marzo, que en México la tortura es generalizada.

“El gobierno de México desea dejar constancia de su profunda decepción por el hecho de que un ejercicio de cooperación que debería caracterizarse por un diálogo constructivo basado en la confianza mutua, quedó reducido a señalamientos que carecen de fundamento, los cuales no contribuyen a generar las condiciones propicias para fomentar la cooperación internacional para la protección de los derechos humanos”.

La carta cita que el Código de Conducta del Consejo indica que cualquier declaración del relator en el tema de derechos humanos debe orientarse a promover un diálogo constructivo. Según México, el relator contravino esa obligación al realizar múltiples declaraciones públicas, muchas de las cuales se hicieron a los medios de comunicación, tratando de justificar la terminología utilizada en el informe.

“Al haber hecho esto, él omitió mencionar la postura que el gobierno de México, de manera repetida y directa, ha expresado al respecto”, señaló. La carta fue remitida el pasado 13 de marzo a Joachim Rücker, presidente del CDH, con copia al relator especial de Tortura, Juan Méndez.

México expresa su preocupación por el hecho de que la afirmación se aparta de una “más profunda y constructiva discusión relacionada con las mejoras que pueden lograrse a partir de las acciones que el gobierno ya ha puesto en marcha para combatir esta práctica”.

Argumenta que la preocupación es mayor “específicamente tomando en consideración que el relator ha reconocido ante el consejo que la metodología utilizada es “rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles”.

Este hecho, señala Lomónaco, contraviene el espíritu del papel que desempeñan los procedimientos especiales, tal y como se desprende del Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del CDH.

México invoca el artículo 13 del Código que requiere a los titulares de mandato que “en sus declaraciones públicas sobre denuncias de violaciones de derechos humanos [deben] indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate”.

En la carta se refiere que el relator realizó declaraciones públicas en las cuales afirmó: “La tortura es generalizada en México, como lo prueban cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las prisiones y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños, manifestaron haber sufrido brutalidad al momento de su detención”.

Se acusa que con dicha afirmación el relator contraviene la letra y el espíritu del artículo 12 del Código de Conducta que demanda que, al cumplir su mandato, “los titulares de mandatos deberán hacer gala de prudencia, moderación y discreción para no menoscabar el reconocimiento del carácter independiente de su mandato o el clima necesario para desempeñarlo debidamente”.

Lomónaco subraya, sin embargo, la disposición de México para continuar trabajando en el tema.