politica@eluniversal.com.mx

Washington.- Tras una batalla de casi tres siglos contra la corrupción y la plaga de los intereses creados, las leyes que acotan hoy el poder presidencial y regulan y penalizan actividades ilícitas en Estados Unidos -como el enriquecimiento inexplicable-, se rigen por el Acta de Ética en el Gobierno que se promulgó desde 1978, tras el escándalo del caso Watergate que costó la presidencia a Richard Nixon.

"La confianza es el regalo más grande que cualquier presidente podría recibir del pueblo. No tiene precio para la democracia y es un recurso esencial para el liderazgo eficaz. Pero, a veces con demasiada facilidad, se puede arruinar por el más pequeño de los actos", consideró el profesor Paul Light, profesor de administración pública en la Universidad de Nueva York.

"Una vez que el gobernante pierde la confianza (por un problema de credibilidad), se pierde autoridad para gobernar. Por ello es necesario tener confianza y autoridad para mantener y hacer valer el imperio de la ley", añadió el profesor universitario.

Bill Clinton, a finales de los 90, se vio envuelto en un escándalo por mantener relaciones sexuales con su becaria, Mónica Lewinsky; el problema fue que el mandatario fue acusado de mentir, no tanto por el tema sexual, y eso lo puso al borde de la destitución.

Tras la tormenta del Watergate (1972-1974), la cruzada contra la corrupción y la cultura de los intereses creados, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1978 a ley que regula las normas que todo presidente (y miembros del Ejecutivo) tienen que observar para no incurrir en actos ilícitos.

Al mismo tiempo, se creó la Oficina de Ética Gubernamental, una entidad encargada de "fiscalizar y prevenir el conflicto de intereses en la rama ejecutiva" del gobierno de Estados Unidos. http://www.oge.gov/

"La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) supervisa el programa de ética del poder Ejecutivo y trabaja con una comunidad de profesionales conformada por más de cinco mil funcionarios de ética en más de 130 agencias para ejecutar ese programa", asegura en su enunciado de atribuciones esta rama del poder Ejecutivo encargada de velar por la honradez e integridad del poder Ejecutivo.

"Cuando las decisiones de gobierno se hacen libres de conflictos de interés, el público podrá tener una mayor confianza en la integridad de los programas y operaciones de la rama ejecutiva", asegura esa oficina.

Aunque el responsable de designar al director de la Oficina de Ética Gubernamental es el presidente de Estados Unidos, su confirmación corre a cargo del Senado de Estados Unidos con el fin de garantizar la mayor independencia de este funcionario encargado de velar por la integridad y la transparencia en el gobierno.

Las regulaciones para evitar el conflicto de intereses en Estados Unidos son de las más rigurosas. A manera de ejemplo, la ley obliga a todos los miembros del Ejecutivo (incluido el presidente y su esposa) a transparentar sus bienes inmuebles, inversiones, ingresos, regalos y transacciones que tengan que ver con su patrimonio.

En caso de sospechas o denuncias sobre un posible caso ilícito, lo mismo del presidente que de cualquier miembro del Ejecutivo, el Fiscal General está obligado a investigar de oficio y determinar en un plazo de 90 días si acaso se ha producido un delito.

A pesar de las leyes que el propio presidente Barack Obama decidió reforzar tras asumir la presidencia en enero de 1989 -con nuevas normas para evitar que los intereses creados se ‘colaran' a través de los cabilderos en la Casa Blanca y las agencias federales-, la necesidad de crear un cumplimiento de la ley ha animado a una larga lista de organizaciones a empujar para crear una nueva cultura de la legalidad y de cumplimiento estricto de la ley.

"En Estados Unidos tenemos leyes y regulaciones para evitar que los intereses creados corrompan al gobierno", aseguró Raymon Salomon, del Centro de Ética y para el Cumplimiento con la Ley de la Escuela de Leyes Rutgers.

"Curiosamente, la cultura para el cumplimiento y observancia con la ley en Estados Unidos ha surgido desde el sector privado donde las grandes corporaciones necesitan de la certeza y la seguida jurídica para sus inversiones. Ahora, es necesario que esta cultura se arraigue en el sector público", dijo.