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Enrique Peña Nieto no será el primer presidente latinoamericano en ser investigado. A lo largo de los años 90 fueron tres presidentes que sufrieron la presión de la justicia y hasta un juicio político, por distintos casos.

El primero fue Fernando Collor de Mello, quien había llegado al poder en Brasil en 1990.

Año y medio más tarde, una denuncia por comisiones ilegales y beneficios a la empresa constructora perteneciente a Paulo César Farias, quien había sido el tesorero de su campaña, llevó a que por vez primera se activara el mecanismo Constitucional del “impeachment”.

Fue destituido en 1992 y reemplazado por Itamar Franco.

A principio de los 90 en Colombia, el liberal Ernesto Samper, actual secretario General de la Unasur, llegaba a la presidencia tras vencer al conservador, Andrés Pastrana. La noche misma de las elecciones, al reconocer la derrota, este último urgió al mandatario electo a dar a conocer el origen de los fondos con los que había financiado su campaña dejando traslucir que el cártel de Cali había colaborado con cuantiosos fondos a la misma.

A Samper se le inició proceso pero el Congreso lo declaró inocente.

En 1998 Carlos Menem era presidente de Argentina. La justicia comenzó a investigarlo por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

No era la primera causa por la que el entonces mandatario era investigado. Fue en 2001, cuando ya llevaba casi dos años fuera del poder, que lo llevaron a cumplir prisión domiciliaria por dos meses.

Cuando el juez volvió a ordenar su regreso a prisión, Menem ya se encontraba residiendo en Chile.

Allí se quedó hasta que fue exonerado y declarado inocente. Hoy es Senador.

Después fue Alberto Fujimori, en Perú, el que en 2001, luego de un fraude electoral, y cuando las evidencias lo condenaban, decidió abandonar el poder desde Japón donde se radicó hasta que decidió enfrentar a la justicia peruana y la cárcel, tras ser condenado en 2006 a prisión perpetua por una serie de cargos que van desde crímenes de militantes políticos hasta corrupción.

Desde hace tan sólo unas semanas, es la presidenta argentina, Cristina Kirchner, la que fue acusada por un fiscal de tratar de obstaculizar la investigación por el atentado a la Amia, que en junio de 1994 dejó 85 muertos en un acuerdo con Irán para que los acusados dejen de serlo.

Un día antes de presentar las pruebas, el 14 de enero, el fiscal que la acusó, Alberto Nisman, apareció muerto en su departamento desatando una crisis política que aún está en pleno desarrollo.

La denuncia cayó en manos del juez Daniel Rafecas, quien ya planea en excusarse de seguir adelante con una investigación que está paralizada.