Centroamérica.— Pese a que en la región se dispone de mecanismos institucionales para juzgar a un jefe de Estado por corrupción, conflicto de interés por el favorecimiento estatal a negociantes privados o de otros ilícitos, la historia regional desde la segunda mitad del siglo XX sólo registra un caso en el que el gobernante —de facto o constitucional— terminó en la cárcel: el general panameño Manuel Antonio Noriega.

El caso de Noriega nunca siguió los procesos legales para despojarle de su inmunidad. El general, nombrado jefe de Gobierno por el parlamento panameño, se entregó en enero de 1990 a las tropas de Estados Unidos que el 20 de diciembre de 1989 invadieron el país para perseguirle por las acusaciones de narcotráfico. En 2010, EU lo extraditó a Francia.

A diferencia de Noriega, el final de otros presidentes que en ejercicio de sus funciones fueron acorralados por actos corruptos, como privilegiar a amistades y socios en negocios estatales a cambio de favores, fue el cementerio —como el dictador nicaragüense Anastasio Somoza—.

De 32 hombres y mujeres que gobernaron en los seis países centroamericanos de 1990 a 2010, 13 están o estuvieron cuestionados por presuntos hechos irregulares o por genocidio. Otros países exigen que el Congreso debata el destino de mandatarios sometidos a juicio. José Meléndez, corresponsal