Para el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, la tragedia de Iguala cumple con todos elementos necesarios para considerarla como una "desaparición forzada", con todas las implicaciones internacionales que esto conlleva.

Al reunirse a puerta cerrada con la Comisión Especial que investiga la tragedia de Iguala de la Cámara de Diputados, el representante de la ONU dijo que hubo un tardía respuesta de las autoridades locales y federales en este caso, por lo que también se puede considerar que hubo fallas sistematizadas en distintos protocolos que eran necesarios para ubicar a los desaparecidos y para impartir la justicia.

De acuerdo con versiones de los diputados Lilia Aguilar (PT) y Ricardo Mejía, en la reunión se describió los elementos que se deben configurar para que la ONU y las leyes internacionales determinen una desaparición forzada, situación que se aplica para el caso Iguala donde un hubo un saldo seis muertos y 43 alumnos normalistas desaparecidos.

El también vicecoordinador de MC dijo que la definición de desaparición forzada por parte del relator adjunto es diametralmente distinta a las de las autoridades federales mexicanas, específicamente a las del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien les dijo a legisladores que se trata de una privación ilegal de la libertad.

Al respecto, la diputada Lilia Aguilar (PT) explicó que la información del representante de la ONU es importante porque existe la claridad de que se violaron una serie de protocolos en este caso.

Los protocolos fallidos son: el de búsqueda, el de exhumación y de garantizar, por parte de las autoridades -incluido el Ejército Mexicano- los derechos humanos de las víctimas.

"Hay una preocupación de que no se haya cumplido con estos protocolos y como consecuencia, que los resultados forenses no sean adecuados. Qué es lo que nosotros interpretamos; que si no se cumplió con los protocolos de seguridad para la exhumación de los restos, como consecuencia, las declaraciones determinantes de si son o no son los estudiantes están en la duda", dijo la legisladora.

Al final, los legisladores anunciaron que buscarán tener una reunión con el padre Alejandro Solalinde, a fin de conocer de viva voz la información que tienen respecto al paradero de los estudiantes.

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