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LOS ALTOS, Chis.— Los jóvenes tsotsiles con pantalones de mezclilla, camisas de vestir y chamarras de cuero deambulan por el quiosco de San Andrés Larráinzar. La mayoría son estudiantes de preparatoria, pero también acuden quienes se dedican a la crianza de becerros. Hoy es tarde de paseo: por eso vienen con pinta urbana, moderna.

Un joven comenta sobre el tema que les ocupa por estos días: “Hace como tres meses, cuatro meses, que se matan dos o tres cada mes, se ahorcan o se tiran al agua”.

Larráinzar es célebre porque fue sede de las negociaciones de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal en 1996, pero en los días previos a la celebración del 20 aniversario del levantamiento zapatista el tema del que se habla en la comunidad es otro: el frecuente suicidio de jóvenes indígenas.

Tras el alzamiento que demandaba igualdad y justicia para los indígenas, Larráinzar quedó dividido en dos sectores: los que se rigen bajo las reglas zapatistas y los que siguen el mandato de la autoridad institucional, comandada siempre por algún miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Frente al quiosco, afuera de la presidencia municipal autónoma, hay tsotsiles zapatistas con el rostro descubierto portando su tradicional sombrero de palma con listones de colores. A 100 metros de ahí, los priístas despachan en la presidencia municipal.

La proporción de los suicidios, sin embargo, no es similar entre ambos grupos: es mayoritariamente entre priístas.

Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, coautor del estudio inédito Suicidio en jóvenes indígenas en San Andrés Larráinzar, realizado de 2009 al primer semestre de 2011, documentó 23 casos, dos de éstos de mujeres, en edades que van de los 12 a los 22 años. Todos recurrieron al ahorcamiento bajo los efectos del alcohol.

Lo revelador del informe es que de los 23 casos, 22 eran priístas, mientras que sólo uno corresponde a un zapatista que presentaba problemas de salud.

La investigación de Arana señala que “en la juventud zapatista hay una resignificación de lo que es ser indígena, una revaloración de su cultura, su idioma, del sentido colectivo, cosa que no ocurrió con los otros jóvenes”.

El experto en temas de nutrición asegura que la “resistencia zapatista” también ha tenido avances en atención primaria de la salud. En 2005, Arana participó en la investigación La situación del derecho a la salud en Chiapas, en la que se analizó la salud materno-infantil en 46 localidades: 20 eran progobierno, seis zapatistas y 20 divididas.

Para su sorpresa, el resultado arrojó que las poblaciones zapatistas tienen mejores índices de salud que las comunidades progobierno: desnutrición infantil (18%-21%), vacunación (84%-75%), tuberculosis (32%-81%) y muerte materna (seis casos, frente a cero).

“La salud en todas las comunidades rurales del país mejoraría muchísimo si esta experiencia de mirar lo comunitario, lo participativo, lo preventivo, se hiciera como se hace en las comunidades zapatistas”, razona el científico.

Se refiere a que el EZLN rechaza todo tipo de programa gubernamental. De sus mismas filas formó a promotores de salud en nivel primario, erigió cuatro hospitales regionales con quirófanos en lugares marginados, decenas de clínicas municipales, y las acciones en bien común se deciden en colectivo.

Fenómeno sin freno

El doctor en antropología dice que no es casual que los 23 jóvenes que se suicidaron fueran estudiantes, ni que en ocho casos estuvieran implicados embarazos no deseados.

Sin embargo, Arana enfatiza que puede haber un subregistro de casos por tratarse de un tema tabú. De hecho, en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no se registra ningún suicidio juvenil en Larráinzar en 2009, ni en 2010.

El investigador explica el fenómeno: considera que la insurrección zapatista de 1994, la apertura del Tratado de Libre Comercio (TLC), la globalización y el desmantelamiento del campo provocaron cambios culturales abruptos en poblaciones como Larráinzar.

Si bien en esta comunidad se transitaba de la infancia a la adultez por el trabajo agrícola o el matrimonio, la inversión pública en caminos y en escuelas de nivel medio y medio superior posibilitaron que las nuevas generaciones vivieran la adolescencia por primera vez.

La escuela se convirtió en espacio de encuentro entre géneros que antes no existía, por lo que esta adolescencia despertó a la sexualidad sin tener referentes sociales y familiares, además se abrió a una sociedad consumista y racista que comenzó a provocarles frustraciones.

En cambio, el EZLN, tras el rechazo de los Acuerdos de San Andrés en el Congreso de la Unión, por parte de todos los partidos políticos en 2001, rompió relaciones con el gobierno y creó una autonomía, con sus propios programas de salud, justicia y educación, por lo que sus nuevas generaciones no asisten a las escuelas oficiales.

El alcohol, además, está prohibido en sus comunidades. Así, su autonomía resultó formativa y protectora de los cambios sociales. “Los jóvenes zapatistas son menos vulnerables a las frustraciones al prender la televisión que dicta: ‘eres si consumes’, y tuvieron soporte para enfrentar una nueva situación con relación al sexo opuesto”, expresa Arana.

Otra investigación, El suicidio en el mundo indígena: el caso de jóvenes indígenas en Los Altos de Chiapas, del investigador Jorge Magaña, de la Universidad Autónoma de Chiapas, encontró que en Larráinzar y 10 municipios más de la zona de Los Altos hay un promedio de seis intentos de suicidio al mes entre los jóvenes indígenas.

De octubre de 2012 a abril de 2013 entrevistó a 290 estudiantes de secundaria y nivel medio de escuelas oficiales de seis municipios, entre ellos Larráinzar. En la muestra de 152 hombres encontró que 38 intentaron suicidarse, mientras que en el grupo de 138 mujeres descubrió que 51 lo intentaron.

Susana está muerta

La tarde del 4 de octubre de 2013, Susana Hernández, hija del tsotsil Manuel Hernández, quien fuera presidente municipal y diputado priísta de San Juan Chamula luego del alzamiento, ingresó al Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas para dar a luz.

Susana llegó remitida por su clínica local, acompañada de su suegra, una tsotsil monolingüe. Ambas vestían sus trajes tradicionales.

El esposo de la joven cuenta que las enfermeras le arrancaron anillos y aretes, arrojándolos al piso. La dejaron desnuda 30 minutos, a la vista del personal, y sacaron a la suegra por no hablar español. A toda la familia le negaron información y acceso a Susana.

Poco después, a su esposo Romeo Pérez le informaron que la cesárea había resultado exitosa, que era padre de una niña. También le dijeron que a Susana le habían extirpado la vesícula, sin explicarle la causa.

Cinco horas después, el doctor Francisco Lara le dijo que su pareja había tenido complicaciones, que había muerto.

“Susana llegó caminando al hospital, bien, y luego me la entregan muerta, es algo difícil de creer, de aceptarlo”, dice Romeo indignado.

Para el doctor Héctor Sánchez, del Observatorio de Mortandad Materna de Chiapas, la muerte de Susana se debió a “la negligencia, la mala calidad de la atención y la discriminación”.

Sánchez, investigador del Colegio de la Frontera Sur, dice que este caso revela cómo, a 20 años de la rebelión, no ha mejorado suficientemente la calidad de vida ni el trato a la población indígena.

“Uno de los motivos del levantamiento de 1994 fue para evitar este tipo de casos”, señala.

Hace una década, una de cada cuatro mujeres en Chiapas que morían durante el embarazo, el parto o el posparto, eran indígenas, “y ahora es una de cada dos”, comenta el experto.

El Inegi consigna que en 1994 hubo 92 casos de muerte materna en Chiapas, y que el estado tenía el séptimo lugar a nivel nacional; en 2012 hubo 70 casos, y pasó al décimo lugar. Sánchez dice que hay un subregistro de las muertes y que Chipas ocupa en realidad el cuarto lugar nacional.

La vía autónoma

Sánchez y Arana participaron en el estudio La situación del derecho a la salud en Chiapas, para evaluar cómo el conflicto armado de 1994 y la militarización de regiones con presencia zapatista en Los Altos, La Selva y la zona norte impactaron la salud de los pueblos.

Arana declara: “Y esto a 10 años de una inversión pública enorme, muy clientelar, muy contrainsurgente, que no se notaba para nada en un mejoramiento de las condiciones, ni siquiera en las comunidades priístas”.

Los investigadores obtuvieron datos de 17 mil 931 personas de 2 mil 997 hogares. Encontraron que del 100% de la población progobierno y del mismo porcentaje de la zapatista, las primeras presentaban mayor desnutrición infantil (21.1%) y baja talla (52%), que las que estaban en “resistencia” (17.7% y 48.6%, respectivamente).

En el esquema de vacunación completa registraron a 74.8% de los niños de comunidades progobierno, pero la superaban los niños zapatistas, con 84.2%.

Con respecto a la tasa cruda de tuberculosis pulmonar, estimada en 100 mil habitantes, 81.1% de los casos eran de comunidades progobierno, mientras 31.7% fueron de regiones autónomas.

Se documentaron ocho casos de muerte materna, seis de comunidades progobierno y dos de comunidades divididas.

Al ingresar al Caracol de La Garrucha, para ser recibidos por la Junta de Buen Gobierno (JGB), por ejemplo, miramos la Clínica Comandanta Ramona, de salud reproductiva y sexual, construida en 2008 con apoyo internacional. Y en el Caracol de Oventic, una tostsil nos contó: “En la clínica nos revisamos nosotros y los niños”.

Arana concluye: “En las comunidades zapatistas los problemas de salud son problemas de todos, en las priístas son del gobierno, y en las divididas, de nadie”, por lo que éstas sacaron los niveles más bajos de salud.

Menciona que en 2005, en casos de urgencias, el EZLN tenía estrategias “para utilizar los servicios de salud públicos sin menoscabar su posición de resistencia”. No obstante, la organización informa en un video de 2013 que en éstos ya no los quieren recibir porque les piden documentación oficial de la que carecen. Por tal razón han debido erigir sus propios hospitales regionales.

Arana destaca la lección zapatista: “Es más importante una comunidad que tiene capacidad de organizarse, identifica los problemas y se moviliza, que el tener o no clínica, médicos y medicinas”.

El EZLN informa en su video que desde 2004 tiene un hospital con quirófano en La Realidad, en el que se han realizado 130 cirugías. También cuentan con farmacia, ultrasonido y atención dental. Nada de eso era imaginable en 1994.