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EJIDO PUEBLA, Chis.— A las 14:00 horas del 20 de julio, el comisariado ejidal Agustín Cruz Gómez difundió en tsotsil una alarma en el altavoz del pueblo: “Alguien envenenó el agua del tanque comunal”. El dirigente priísta de esta comunidad, enclavada en el municipio de Chenalhó, también dijo a todo pulmón que estaba en riesgo la vida de un centenar de personas.

Cuatro horas después, el también pastor presbiteriano aseguró que los culpables eran Mariano Méndez y su hijo Luciano, los únicos dos militantes zapatistas del pueblo. Y encabezó a la turba que acudió a la casa de los incriminados. Los golpearon, amarraron a un poste de la cancha de basquetbol y amenazaron con prenderles fuego.

Agustín Cruz no es precisamente afín a los zapatistas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señala que el pastor presbiteriano bendijo las armas con que se perpetró la masacre de Acteal en 1997.

El tropel del comisariado ejidal también se dirigió a casa del bautista Juan López Méndez, simpatizante zapatista. Su esposa Marcelina López Arias, con cinco meses de embarazo, intentó impedirles el ingreso. La aventaron, volcaron los muebles, lanzaron la mesa sobre la niña de año y medio. A golpes arrastraron al joven de 26 años.

—¿Por qué se lo llevan? —gritó la esposa.

—¡Porque puso veneno en el agua! —le respondieron.

Al muchacho igualmente lo ataron a un poste. “¡Trae gasolina! ¡Lo vamos a quemar con gasolina!”, escuchó decir entre la turba.

Finalmente a los tres los remitieron al Ministerio Público por los delitos de posesión de arma prohibida, narcomenudeo y pandillerismo. Nunca se les consignó por daños a los bienes naturales. Sin embargo, la Jurisdicción Sanitaria 2 descartó envenenamiento del agua. Finalmente, a los detenidos se les liberó por falta de pruebas.

La acusación del pastor es parte de una cadena de sucesos violentos que provocó el desplazamiento forzoso de 17 familias conformadas por 99 personas: 18 hombres, 19 mujeres y 62 menores de edad, entre ellos seis bebés.

Todos están refugiados en Acteal con la asociación civil Las Abejas, una organización filozapatista que optó por no tomar las armas. La mayoría de los exiliados pertenecen a esta agrupación.

A través de comunicados, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha denunciado que en los últimos tres años se intensificaron los hostigamientos, agresiones y despojo de tierras y cosechas en 20 comunidades de sus cinco regiones, denominadas Caracoles.

En el Ejido Puebla, el comisariado ejidal priísta Agustín Cruz niega los actos de violencia. Sostiene que esas 99 personas “son autodesplazadas porque salieron voluntariamente, nadie las corrió”. Y manifiesta: “Dicen que soy paramilitar, no sé qué significa eso”.

Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, comenta que no se trata de una acción aislada, sino que se suma a la campaña de agresiones, amenazas, secuestros y despojos contra bases zapatistas y simpatizantes, “que han desplazado en los últimos tres años a unas 200 personas de comunidades como San Marcos Avilés, Comandante Abel y Banavil”.

Sin retorno

En la penumbra del cuarto de madera que sirve de cocina a las familias desplazadas en Acteal, resplandece el carbón encendido sobre el que hierve una olla con frijoles.

Virgina López Sántiz cuida del único guiso con una expresión de pesar: la mirada baja, el cuerpo vencido. Llegó a Acteal el 26 de agosto con seis hijos de entre uno y 16 años. Su esposo Nicolás Arias Cruz es el representante de las 17 familias exiliadas. Pasan las noches frías sobre costales y comparten las escasas cobijas que poseen.

La indígena huyó con su familia luego de que el pastor presbiteriano Agustín Cruz Gómez derrumbara el 29 de abril de 2013 la ermita que estaba construyendo un grupo de católicos, entre los que se encontraba su esposo, integrante de Las Abejas, quien fue uno de los que denunció a Cruz Gómez.

El comisariado ejidal alegó que no le pidieron permiso para derrumbar la capilla antigua, por lo que demolió la que estaban erigiendo y cercó el terreno bajo el argumento de que era ejidal.

En julio surgió la falsa acusación de envenenamiento, por el que los tres acusados y otras cuatro personas que fungieron como testigos en la demanda penal contra el comisariado ejidal ya no pudieron regresar al pueblo. El gobierno estatal estableció entonces una mesa de diálogo entre las partes.

El 20 de agosto la caravana de retorno con los siete desplazados, con la intermediación de un representante de la Secretaría de Gobierno estatal y la presencia de medios de comunicación, fue agredida con piedras por jóvenes y niños del pueblo. Debieron retirarse.

Nicolás Arias Cruz detalla: “Quemaron dos casas, quemaron pozol, frijol, quemaron nuestra leña, quemaron cinco cruces que teníamos guardados, quemaron una perra”.

Un día después, el párroco de Chenalhó, Manuel Pérez Gómez, fue al Ejido Puebla en compañía de autoridades estatales para constatar la integridad del grupo católico. Una muchedumbre lo detuvo, lo golpeó, lo amarró y amenazó con rociarle gasolina. Tras cinco horas de cautiverio, lo dejaron libre.

Inició entonces el desplazamiento que terminó en Acteal.

Justicia negada

La abogada del Frayba, Irma Vázquez, dice que el conflicto no tiene raíces religiosas. Cuenta que diez días antes de que estallara el conflicto del 29 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a Jacinto Arias Cruz, ex presidente municipal de Chenalhó, quien había sido acusado de ser el principal incitador de la matanza de Acteal, en la que fueron ejecutadas 19 mujeres, 18 infantes, cuatro no nacidos y ocho hombres que pertenecía a la organización Las Abejas. Todos eran simpatizantes zapatistas.

Irma Vázquez asegura que Jacinto acompañó al comisariado ejidal durante un breve plantón que hizo en la ciudad de México, en demanda del terreno de la ermita. Ahí, el pastor distribuyó un comunicado contra los zapatistas y Las Abejas:

“Esto es un llamado a la violencia, nuestros jóvenes están indignados y les hierve la sangre, y sus jóvenes están educados en la violencia, con entrenamiento y estructura militar, son milicianos”, dice la abogada.

Vázquez asegura que las familias desplazadas interpusieron tres denuncias penales contra los responsables de la destrucción de la nueva ermita, de las agresiones y amenazas de muerte, y del secuestro del sacerdote, y exigen que se les deslinde públicamente del engaño del envenenamiento del agua.

Conciencia limpia

Esa tarde, en el Ejido Puebla, una comunidad pequeña rodeada de montañas boscosas, a la que se llega por un camino maltrecho de terracería, Agustín Cruz Gómez muestra el montón de piedras que quedaron de la ermita con 38 años de antigüedad demolida por los católicos, y el derribo de la obra negra de la nueva.

—¿Quiénes lo tiraron?

—Unos chamaquitos —dice el hombre moreno, quien niega haber dado la orden.

EL UNIVERSAL fue el primer medio de comunicación en concertar una entrevista con el comisariado ejidal. Cuando nos conducía en un pequeño recorrido por el pueblo, jóvenes nos oteaban desde las azoteas de las casas. Mientras tanto, el destacamento de la policía municipal, que llegó al pueblo tras los hechos de agosto, permanecía guardado en sus instalaciones.

Cruz Gómez nos comentó que en el poblado de tres mil habitantes hay fieles de 10 denominaciones religiosas: católicos, bautistas, pentecosteces... Pero, sin duda, la iglesia más vistosa es la suya. Está en proceso final de construcción.

Con la iglesia de fondo en obra, el pastor negó las agresiones y amenazas de muerte contra las familias desplazadas: “No hay amenazas, nada, salieron voluntariamente”.

—¿Y ellos pueden regresar?

—Sí, que regresen. Es su ejido, aquí nacieron, para qué se van a sufrir allá. Mejor que haya solución, nosotros queremos paz, para qué queremos tanto problema.

Sin embargo, rechaza que los exiliados condicionen su retorno al castigo para los culpables de los delitos cometidos en su contra. “Ahorita no estamos pidiendo justicia, mejor que haya paz”, externa. “Y ellos, si quieren paz, que se tranquilicen también”.

El recorrido se traslada a la cancha de basquetbol, donde amagaron con quemar a los dos zapatistas y al bautista.

—El Frayba dice que usted bendijo las armas de la masacre de Acteal —se le plantea.

—Dicen, pero mejor que hable claro este Frayba, si tiene mayor testigo que lo diga así, pero si es puro chisme, ¡noooooo! Yo lo puedo negar —responde Cruz Gómez.

—Usted dice que como pastor no puede mentir ¿Tiene la conciencia tranquila?

—Pues claro, por eso estoy buscando la paz, que se tranquilice a la gente. Como soy pastor, tengo amor hacia Dios y a mis vecinos del ejido.

La estrategia

El director del Frayba, Víctor Hugo López, considera que el desplazamiento forzado de las familias es parte de la estrategia contrainsurgente del Estado contra el EZLN.

La campaña tendría como objetivo “combatir a las bases civiles para que la insurgencia no tenga de algún modo expansión y control territorial”, explica.

También observa que hay un patrón recurrente “de hostigamiento, desplazamiento, privación arbitraria de la vida, privación ilegal de la libertad, secuestros, que son ejecutados por integrantes de la misma comunidad, pero que pertenecen a un partido político”.

El activista de derechos humanos cuenta que estas comunidades también viven despojo gradual o total de sus tierras, así como de sus cosechas. Otra de las estrategias, dice, es que el gobierno entrega apoyos gubernamentales “a quien esté dispuesto a combatir la resistencia civil y zapatista”.

Sobre el caso del Ejido Puebla, asegura: “El regreso del PRI es el retorno de los perpetradores”.