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Un niño de 10 años, su hermano de 13 y su hermana de 15 vieron cómo asesinaban a su padre. El hombre dirigía un centro de rehabilitación para ex pandilleros en El Salvador; miembros de bandas lo mataron y los niños huyeron a Estados Unidos.

También en El Salvador, una niña de 14 años que vivía con sus abuelos decidió emprender el viaje tras recibir amenazas y luego ser atacada por grupos delictivos. En Guatemala, un chico de 15 sufrió abuso y abandono por parte de su familia y decidió irse a Estados Unidos sin documentos y arriesgando la vida.

Una, y otra, y otra, las historias se repiten: niños y jóvenes centroamericanos llegan por decenas de miles al país del norte, son detenidos, procesados y puestos en procedimientos judiciales para su deportación. El problema es que, a este paso, las cortes de Estados Unidos ya no se dan abasto.

De acuerdo con el más reciente reporte de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), el sistema de monitoreo de datos de las Cortes de Inmigración con sede en la Universidad de Siracusa, a finales de junio de 2014 el número de expedientes esperando resolución alcanzó un máximo histórico de 375 mil 503 casos, 50 mil más que a inicios del año fiscal 2013. De ese total, más de 10% —41 mil 640 casos— son de niños y jóvenes menores de 18 años.

Apenas esta semana oficiales de Inmigración de la administración de Barack Obama confirmaron que ya son 57 mil los niños detenidos en la frontera con México —5 mil más que la cifra oficial dada a conocer a mediados de junio, un aumento de 208 cada día— y que la mayoría de ellos proviene de Centroamérica.

Las cifras de TRAC reflejan este origen. De los casos esperando su turno para llegar a la Corte contabilizados por el organismo, 12 mil 841 corresponden a menores originarios de Guatemala; 12 mil 696 de Honduras, y 12 mil 162 de El Salvador.

El ‘cuello de botella’

El cuello de botella en las cortes no es un fenómeno súbito. Desde antes del endurecimiento de la política migratoria estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se empezaba a ver la incapacidad de la autoridad judicial de Inmigración para atender casos; en 1998 ya existían 129 mil en espera.

El problema se agudizó cuando el presupuesto destinado al rubro de seguridad en la frontera se multiplicó, dando por resultado el crecimiento de elementos de la Patrulla Fronteriza de 10 mil a 20 mil en una década, sin hacer el mismo tipo de inversión en el personal destinado a las cortes: cada vez hay más detenidos, pero siguen siendo 243 jueces distribuidos en 59 cortes de Inmigración los que atienden los casos de todo el país.

No es de extrañar entonces que el tiempo promedio de espera entre el momento en que se emite la orden de presentación ante un juez y la fecha de presentación sea de 578 días, más de un año y medio, tiempo durante el cual la persona indocumentada permanece en el país. Una vez en la Corte, se puede hacer uso de un sistema de extensiones y apelaciones, que resulta en lapsos de entre cuatro y seis años para que una orden de deportación sea emitida. Esto significa que de los menores que han ingresado al país en años recientes, salvo en el caso de aquellos que se han declarado culpables de estar sin documentos, la mayoría continúa en territorio estadounidense.

Para Daniel M. Kowalski, abogado y analista de legislación de Inmigración, existe una falta de atención no solamente en cuanto al número de jueces que existen para atender el elevado número de detenidos, sino también las condiciones que prevalecen en las cortes.

“Agregar más jueces de Inmigración es parte de la solución, pero la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) también necesita que se destinen más recursos para la infraestructura completa: más personal, intérpretes, computadoras, entrenamiento y también para solucionar otros problemas prácticos”, dijo Kowalski.

El abogado mencionó un ejemplo: debido a los largos periodos entre una comparecencia y otra, el acusado en ocasiones cambia de domicilio, lo cual puede provocar que no reciba las notificaciones para aparecer en la Corte y que pierda el caso. Esto es particularmente alarmante en el caso de los niños migrantes que son detenidos en un estado, transferidos a un albergue en otro, y en ocasiones desplazados hasta el otro lado del país cuando son entregados a sus familias.

“Existe entonces la tentación de, al no comparecer el niño, decretar su deportación en ausencia”, explicó Kowalski. “Debemos buscar los recursos para que se haga hasta el último esfuerzo antes de que un niño sea deportado”.

Problema sobre problema

En los últimos días el tema de los niños migrantes ha sido la piedra en el zapato de Barack Obama. Durante un viaje de dos días al estado de Texas, que incluyó una reunión en la ciudad de Dallas con el gobernador Rick Perry, el mandatario estadounidense tuvo que soportar las críticas a su política de Inmigración, dado que es en Texas donde la crisis de los menores no acompañados estalló: la principal zona de ingreso al país para los niños centroamericanos se ubica en el área del Valle del Río Grande, que colinda con Tamaulipas.

Al ser cuestionado sobre las razones por las cuales no viajaría un poco más al sur para visitar los centros en los que están detenidos los menores, Obama respondió que su secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, es quien ha realizado estas visitas y ha reportado “extensamente” lo que ocurre ahí. “Esto no es un teatro, es un problema. No me interesa ir a tomarme la foto; me interesa resolver el problema”, dijo el presidente.

En días pasados, Obama anunció que haría uso de sus facultades para emitir una orden ejecutiva —medida que no requiere aprobación del Congreso— a fin de implementar la deportación expedita de menores como parte de su solución al problema.

La medida no se ha concretado en los días posteriores, pero su anuncio desató reacciones de organizaciones proinmigrantes, desde manifestaciones a lo largo del país pidiendo que a los niños se les dé trato de refugiados, hasta una demanda de clase en contra del gobierno de Estados Unidos encabezada por la poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

El miércoles pasado, mientras el presidente se reunía con Perry, ACLU en conjunto con organizaciones como American Immigration Council, Northwest Immigrant Rights Project, Public Counsel y K&L Gates LLP anunciaron que la demanda vinculada al caso 2:14-cv-01026 fue interpuesta en representación de miles de niños víctimas de las fallas del gobierno estadounidense que los lleva a Corte acusándolos de estar en el país sin documentos, pero no les proporciona representación legal. En la demanda se establece que algunos de estos menores han vivido en el país por años tras huir de la violencia y la persecución en el suyo.

“Si creemos que los niños en nuestro país tienen derecho al debido proceso, no podemos abandonarlos cuando enfrentan una deportación en nuestras Cortes de Inmigración”, afirmó Ahilan Arulanantham, abogado senior de ACLU en el Sur de California.

“El gobierno paga a un fiscal entrenado para acusar al menor y buscar su deportación; es evidentemente injusto obligar a un niño en esas circunstancias a defenderse a sí mismo”, dijo.

Los tres hermanos de El Salvador que vieron morir a su padre; la niña del mismo país que fue agredida por delincuentes; el chico de 15 años que escapó del abuso en Guatemala, y un par de chicos más, son los afectados en cuya representación se presentó la demanda.

Todos estos menores están citados para asistir a la Corte de Inmigración entre agosto de 2014 y enero de 2015 aun sin contar con representación legal. En el documento se argumenta el riesgo que corren en caso de ser regresados a sus países de origen.

Dado que está planteada como una demanda de clase, en caso de prosperar, esta iniciativa podría elevar aún más los tiempos de espera para que los menores lleguen a la Corte. El problema de Obama, lejos de resolverse, parece complicarse.

Solución lejana

Un día antes de su viaje a Texas, Obama solicitó al Congreso un presupuesto adicional de 3 mil 700 millones de dólares para agilizar una solución al asunto de los niños migrantes. En una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, John Boehner, la Casa Blanca explica cómo serían distribuidos estos recursos entre las diferentes agencias que atienden la emergencia.

Sólo 15 de los 3 mil 700 millones de dólares, menos de 0.5%, estarían destinados a los servicios de representación legal en los juicios contra los niños. En contraste, más de mil 500 millones se asignarían a las agencias encargadas de la seguridad fronteriza y de la detención de migrantes; mil 800 millones estarían destinados al alojamiento de los menores y 300 millones al proceso de repatriación. Únicamente 45 millones serían destinados a la asignación de jueces adicionales.

El jueves, el secretario Johnson aseguró ante el Comité de Apropiaciones del Senado que, de no ser aprobada la solicitud de Obama de fondos adicionales, el área del DHS que se encarga de la repatriación de indocumentados se quedará sin fondos para su operación a mediados de agosto, y que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuyos agentes se dedican a la detención de quienes entran ilegalmente al país, lo hará a mediados de septiembre, dada la velocidad con la que se están consumiendo los recursos existentes.

De no aprobarse el presupuesto de emergencia, dijo, “será necesario desviar una cantidad importante de fondos de otros programas sólo para poder seguir operando”.