Luego de los datos dados a conocer ayer sobre la pobreza por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Amnistía Internacional consideró que esas cifras "reflejan la gravedad de las condiciones que enfrentan 53.3 millones de personas en el país que viven en pobreza", por lo que instó al gobierno federal a rendir cuentas sobre los programas sociales.

Esa organización señala que además "la magnitud completa de la pobreza en México podría ser aún más escalofriante".

La mayor parte la población en México, al menos 86.9 millones de personas, se enfrentan a lo que el CONEVAL define como al menos una carencia social. Lo cual significa que además de las 53.3 millones de personas, existen 33.6 millones en una situación de extrema fragilidad ante el riesgo de caer en la pobreza.

Amnistía Internacional (AI) considera que la pobreza en México se ha alimentado de la falta de voluntad de las autoridades, que al tiempo que se han comprometido a poner fin a la pobreza se han quedado cortas al momento de implementar políticas efectivas para combatirla.

"La pobreza es un grave problema de derechos humanos. Cuando hablamos de pobreza hablamos de falta de agua, de falta de acceso a servicios de salud y educación, de ausencia de una vivienda digna, de hambre. Por eso la lucha contra la pobreza debe poner los derechos humanos en el centro y adoptar un enfoque de derechos que permita garantizar una vida digna a todas las personas en México", señaló Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional asegura estar atenta a los planes de combate al hambre y la pobreza anunciados por la administración del Presidente Peña Nieto.

"La organización considera positivo que se asuman estos compromisos pero continúan preocupada porque estos anuncios no han establecido objetivos claros y medibles, plazos, acciones específicas. Los mecanismos de rendición de cuentas que son un componente fundamental para garantizar que las acciones sustantivas sean implementadas, han estado notoriamente ausentes tanto en discurso y como en acciones", indica la ONG en boletín.

Sin embargo, "detrás de estas cifras, se encuentran personas con historias de injusticia, desposesión, discriminación e inseguridad. En tanto estas historias no sean escuchadas, los responsables difícilmente rendirán cuentas", añadió Daniel Zapico.

La organización señala que la falta de acceso a recursos efectivos que permitan a las personas que viven en la pobreza exigir soluciones a los graves abusos y privaciones de los cuales son víctimas ha contribuido a agravar esta situación.

POR UN PROTOCOLO FACULTATIVO

Para ello, Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a que adopte medidas efectivas entre las que se incluye la firma y adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo Facultativo) de la ONU y de esta forma abrir las puertas a nuevos mecanismos que permitirán que quienes viven en la pobreza puedan acceder a instancias internacionales para exigir sus derechos.

"La firma del Protocolo Facultativo no solucionará por si misma el complejo problema de la pobreza pero es un paso fundamental para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso de las autoridades para poner fin a esta tragedia" agregó Zapico.

cg