El Instituto Federal Electoral (IFE) determinó dar vista a la Unidad de Fiscalización por el presunto uso de otro mecanismo de dispersión de recursos de campaña del PRI en 2012, ahora a través de cuentas de BBVA Bancomer.

Al resolver el procedimiento ordinario sancionador 156/2012 abierto tras una denuncia del PAN, los consejeros electorales resolvieron, al mismo tiempo, declarar infundada la acusación de que el PRI usó tarjetas Monex para compra y coacción del voto.

En la indagatoria a cargo del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, se detectó que tres personas que participaron en la estructura electoral del PRI declararon haber recibido tarjetas de esa institución bancaria, dos de los cuales proporcionaron números de cuenta.

A través de ese mecanismo reconocieron haber recibido 2 mil pesos "para el desempeño de funciones partidistas relacionadas con el proceso electoral", según la indagatoria que incluyó cuestionarios a quienes participaron en la estructura electoral priísta.

Eso motivó la petición de los consejeros Benito Nacif y Alfredo Figueroa, con el respaldo de PAN y PRD, para que se diera vista a la Unidad de Fiscalización -lo que fue aprobado por seis de ocho consejeros- para el inicio de "las investigaciones necesarias a fin de determinar lo que en derecho corresponda".

"Dos casos abrieron (el caso) Monex y en este caso no sólo hay dos casos, sino que dieron otra cuenta bancaria y por lo menos otras dos cuentas bancarias más... por lo tanto la unidad está obligada a investigar porque queda vivo, queda impune, o por lo menos sin conocer el origen de recursos en la campaña de (del presidente Enrique) Peña Nieto", demandó en el debate el senador Javier Corral (PAN).

El Consejo General no puede renunciar dar vista a la Unidad de Fiscalización, demandó.

En respuesta, el representante suplente del PRI, Sergio Bogar Cuevas González, planteó que sólo dos de 7 mil 751 ciudadanos que tuvieron contacto con este esquema financiero, según la indagatoria de Jacobo Molina. "Eso no es suficiente para abrir una investigación", señaló.

En el debate, los consejeros y representantes partidistas juzgaron la actuación de la Unidad de Fiscalización.

El representante del PAN, Rogelio Carbajal, criticó que para la unidad ese indicio no sea motivo para investigar, aunque durante las investigaciones del caso Monex el PRI "a pregunta expresa sobre si hubo otro mecanismo de dispersión distinto a Monex la respuesta fue lisa y llanamente no existe".

Corral planteó que por eso se plantea en el proyecto de reforma electoral que vuelva la fiscalización a cargo de consejeros electorales.

El consejero presidente Leonardo Valdés pidió a los partidos no desaparecer la Unidad de Fiscalización como entidad que sea la que pueda acceder a los secretos financiero, fiduciario y fiscal. El consejero Marco Antonio Baños pidió no descalificar las labores de fiscalización.

Durante la discusión, Figueroa recordó que de acuerdo a la indagatoria de la Secretaría Ejecutiva, el PRI indicó haber destinado 7 millones para su estructura, pero no se pudo establecer a dónde fueron 4 millones de pesos.

De la investigación se desprende que 31 % de los integrantes de la estructura del PRI refirieron haber recibido tarjeta, 37 % recibieron el pago en efectivo y 32 % no recibieron recursos. Además 31 % negó haber firmado un documento para ser funcionario partidista.

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