El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó abrir un procedimiento oficioso para investigar si el contrato entre el PRI y la empresa Alkino, mediante el cual se dispersaron más de 66 millones de pesos en tarjetas Monex, cumplió o no con las normas de fiscalización.

La decisión tuvo que someterse a votación dos veces, pues en una primera se registró un empate de 4 consejeros en pro de esa indagatoria nueva y 4 en contra.

En una segunda votación cinco consejeros rechazaron la propuesta de investigación entre ellos el consejero presidente Leonardo Valdés, los consejeros Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero y María Marván, quien cambió el sentido de su voto para el desempate.

Así de nueva cuenta el IFE tuvo un empate en la toma de decisiones, pues desde febrero está vacante el noveno voto, espacio que dejó el ex consejero Sergio García Ramírez.

El Consejo General analizó esta tarde el dictamen consolidado que presentó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Proyecto de Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos en 2012.

En ese marco, la Unidad entregó también sus conclusiones sobre el mandato que el Consejo General le hizo el 23 de enero, para que determinara si era legal el "contrato de mutuo" PRI-Alkino y que, expuso el consejero Benito Nacif, en los hechos fue un préstamo para la dispersión a través de tarjetas Monex.

Nacif advirtió que la Unidad no cumplió la orden, pues analizó la naturaleza del contrato, que fue de mutuo, no de crédito, y "concluye que es lícito, pero no cumple el mandato que le pidió pronunciarse sobre el cumplimiento no de acuerdo al código de comercio sino las reglas de fiscalización electoral".

En este caso aseguró que nos e trató de un contrato que implicó bienes y servicios, sino dinero, por lo que pidió darle trato de contrato crediticio.

Por eso propuso abrir una nueva investigación, misma que, indicó el consejero Alfredo Figueroa, arrojara si, dadas las condiciones del contrato, hubo una aportación a las campañas del PRI, pues fuera de los parámetros la empresa cobró al PRI sólo 3 % de intereses.

"Si todos los partidos tiene la posibilidad hacer contratos para sus campañas y tasas de financiamiento de 3 % a la que no están sujetos ni los trabajadores mexicanos para un crédito inmobiliario estamos ante la legalización probable de conductas que terminarán de distorsionar la contienda política y la equidad en las contiendas", expuso Figueroa.

A la propuesta se sumó el consejero Lorenzo Córdova para determinar si "a través de una tercerización pueda saltarse los requerimientos específicos puntuales que el reglamento establece para los contratos de crédito".

La consejera María Marván había explicado previamente también que debía indagarse la posible comisión de una falta de fondo y "si el crédito establecido por una institución no bancaria y en márgenes claramente fuera de los créditos que tienen instituciones bancarias"
Incluso planteó que llegado el caso podría valorarse si se trató de una aportación ilícita a la campaña del PRI.

El consejero presidente Leonardo Valdés dijo que no sería válido dar al contrato de mutuo que estableció Alkino con el PRI el tratamiento de contrato de crédito.

No ha sido así en 2009 y 2012 en que iguales contratos fueron firmados por PAN, Panal y Movimiento Ciudadano.

El dictamen "satisface la instrucción dada por el Consejo General" en enero, valoró.
Apoyaron también esos argumentos los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero. El primero recordó que en 2007 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que los contratos de mutuo estaban permitidos para los partidos.

Este alegato empero fue rebatido por Figueroa, para quien el escenario cambió cuando la reforma electoral 2007-2008 modificó las reglas para la contratación de créditos financieros.
cg